Varias decenas de familiares de internos del penal de San Pedro de La Paz, en su mayoría mujeres, se concentraron la noche del viernes en la puerta principal del recinto penitenciario, en medio de un fuerte cordón policial, para denunciar el “traslado ilegal” de sus seres queridos debido a que no fueron notificados sobre esta decisión y tampoco conocen el destino a dónde serán llevados.

El mayor temor de los familiares son las golpizas que puedan recibir sus parientes por parte de la policía, que lo denuncian como una práctica habitual, y las extorsiones a las que serán sometidos por los internos en las cárceles de destino.

“No han informado a los familiares el motivo del traslado ni a qué penal se los van a llevar, y seguro van a aparecer pegados, y en el otro penal los van a extorsionar, ellos son padres, son hijos, y los han sacado en chinelas, en cortos, los van a torturar, han salido sanos de San Pedro y sanos tienen que estar”, señaló una de las madres que pidió la reserva de su nombre.

Los familiares -hijas, sobrinos, esposas, madres- llegaron hasta la puerta principal del penal de San Pedro, muchos al conocer del traslado por los medios de comunicación sin tener la seguridad de que su pariente sería trasladado. El temor era palpable entre los congregados debido a que un cambio de penal significa más gastos en su precaria economía o dejar de ver a su ser querido. 

El viernes la visita de mujeres era normal y tranquila como cada día y tras cerrar el horario, efectivos de la policía intervinieron principalmente la sección Guanay del penal de San Pedro donde el pasado lunes un interno falleció al haber recibido una brutal golpiza, otro quedó gravemente herido.

El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, aseguró a los medios de comunicación que el interno, conocido como el “Boyka”, falleció de muerte natural y que la reacción fue rápida para atenderlo por las cámaras de seguridad que hay en los lugares comunes de San Pedro. Sin embargo, un día después el informe forense evidenció que el mencionado recluso falleció por una golpiza infligida por un grupo de internos. Desde el penal aseguraron que no hay cámaras en zonas comunes, de lo contrario habrían detectado la paliza.

En la tarde del viernes, el director de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, informó que 12 privados de libertad de la cárcel de San Pedro, implicados en la muerte de un reo, serán trasladados a otros recintos penitenciarios.

“Estamos haciendo el traslado de aproximadamente 12 privados de libertad a recintos de Cantumarca (Potosí), Chonchocoro (La Paz) y El Abra (Cochabmaba)”, informó Romero.

El jefe policial afirmó que también se realizó una requisa con la que lograron decomisar armas blancas y celulares.

Agregó que entre los privados de libertad a trasladarse está un delegado y otro interno que habrían sido identificados como los responsables de la golpiza y muerte del recluso. Aseguró que las 12 personas son consideradas de “alta peligrosidad”.

Las mujeres señalaron como responsable de la muerte del “Boyka” a Kevin Fernández, el delegado general del penal conocido por su violencia y el manejo del negocio de la droga y el alcohol, que tiene su celda en la sección Guanay, sin embargo, no fue trasladado “por sus relaciones con el director del penal”.

“Solo a un delegado de Guanay se lo están llevando, a Maicol, pero al ‘Kiwi’ -Kevin Fernández- lo están dejando pese a que hay una orden judicial, y ese kiwi es un abusivo, es el que ordena las golpizas, las extorsiones, y si no pagan el derecho de piso los golpean, mientras una tiene que trabajar duro acá afuera, los delegados de lo fácil se hacen con el dinero, y todo eso saben los policías, hasta cuándo va a ver tanta injusticia”, denunció una de las mujeres.

Con lágrimas otra de las mujeres dijo a ANF que les costó mucho establecer a su familiar en San Pedro, donde Régimen Penitenciario no da nada y todo lo que tienen que pagar, desde la celda que le costó 6.000 bolivianos, así como ingresar del colchón y todo lo necesario y básico. Como ejemplo dijo 200 bolivianos por un colchón, 20 bolivianos por cada frazada que exige la policía.

“Tanto que me ha costado y ahora todo eso se va a perder, con todas sus cosas adentro, la celda de mi esposo ya tiene otro candado, nadie me va a devolver nada, él ni siquiera estaba metido en nada, ha sido un acuerdo entre Kevin Fernández y el coronel, así han elegido a varios para que se los lleven”, dijo bañada en llanto.

Otras mujeres señalaron que sus esposos fueron trasladados como represalia por exigir sus derechos. “Régimen Penitenciario no quiere que nadie diga nada de las cosas que pasan, pese a las denuncias que hacemos a la Defensoría del Pueblo y hasta el Sepret -ahora Mecanismo de Prevención de la Tortura- nadie hace nada”.

ANF realizó varias notas sobre las extorsiones que se realizan principalmente en la sección Chonchocorito de San Pedro a los que deben pensiones, brindando los nombres de los que hacen los cobros. El director Franz Laura dijo a este medio “yo también escucho, pero no hay pruebas”.

La víspera, el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya advirtió sobre el estado calamitoso de las cárceles del país, una situación que constituye un factor de vulneración de los derechos humanos.

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