La Alianza Por el Bien Común Somos Pueblo (PBC-SP) expresó su respaldo a las acciones legales para frenar la vigencia de la ordenanza municipal 046, referirá a las construcciones irrestrictas en 10 zonas de La Paz, y exigió a los concejales abrogar la polémica norma.
Mediante un pronunciamiento leído por el secretario ejecutivo del frente político, Jaime Yanarico, se expresó el rechazo a la norma ya que “vulnera la normativa legal vigente y el Bien Común en la ciudad de La Paz” y que “sólo beneficia a intereses particulares en perjuicio del desarrollo sostenible de la ciudad de La Paz”.
En el tercer punto se “exige” a los concejales que aprobaron la ordenanza abrogarla “caso contrario, como Alianza, solicitaremos la aplicación de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas”.
En el documento se brindó el apoyo al alcalde de La Paz, Iván Arias, y la presidenta del Concejo Municipal, Yelka Maric, en la toma de acciones que se asuman para evitar que entre en vigencia la norma de “Ajuste Normativo, de Actualización por Crecimiento y Densificación para la Administración Territorial”.
Los sectores que mostraron su rechazo ante dicha promulgación fueron la Federación de Juntas Vecinales, el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros Civiles, el Colegio de Geólogos, entre otros.
En otro de los puntos se exige al Presidente titular de la Alianza PBC-SP, Rafael Quispe, “corregir sus acciones y malas decisiones, o en su caso, presentar su renuncia a la Presidencia de la Alianza, por haber sido uno de los principales manipuladores de la aprobación y promulgación de la Ordenanza Municipal que permitiría Construcciones Irrestrictas”.
El aludido explicó que no tiene ningún tipo de tuición par influir en la promulgación de la ordenanza municipal al no ser parte del Concejo Municipal.
“Yo no soy autoridad, no soy concejal, no voto, no soy secretario, no soy subalcade. Yo me dedico a hacer TikToks para la incentivación económica, voy a cuidar mis chivos y soy coordinador en la Comisión de Desarrollo Humano. Yo absolutamente no hago nada”, aseguró.
Quispe también negó que hubiera estado asesorando a alguno de los concejales para la aprobación de la ordenanza, aunque dijo que no le parece justo que solamente algunas personas puedan construir edificios altos en la ciudad de La Paz.
“Puedo tener una opinión política, no técnica. Cómo es posible que sin normativa, ni ley, sin nada puedan construir (…) (Samuel) Doria Mediana (Green Tower) y Eynar Viscarra (propietario del Mall Gran Vía) (…) Esa es mi opinión política, no técnica, todos tienen derecho, en la constitución dice que no se puede discriminar por nada”, añadió.
Rendición de cuentas
Según Rafael Quispe, las acusaciones en su contra se debe a los problemas de fondo que existen dentro de la alianza PBC-SP y los recursos económico que destinan los funcionarios municipales cada mes.
El excandidato a Gobernador de La Paz, informó que fue convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para rendir cuentas por los aportes que se realizan en la Alcaldía paceña, aunque dijo desconocer el destino de ese dinero.
“Yo no tengo conocimiento ni de 10 centavos de los aportes que hacen, no los administro. Lo maneja el Alcalde con sus funcionarios”, explicó.
El artículo 71 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir recursos económicos de entidades públicas o privadas, agrupaciones religiosas, funcionarios públicos o privados que hubieran sido obligados, entre otros.
Según Quispe, los aportes deberían realizarse bajo una resolución o planillas y si dan recibos.
El TSE le solicitó rendir cuentas por los “aportes” hasta fin de año, antes de desvincularse de la alianza.
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