Las denuncias contra los líderes cruceños que impulsaron el paro cívico indefinido fueron agrupadas en un solo caso en La Paz, anunció el pasado lunes la Fiscalía General del Estado. A estas demandas se suma una más que confirmó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
La autoridad afirmó que ya presentó la denuncia contra los responsables del paro cívico en Santa Cruz por los daños causados a la Red Vial Fundamental (RVF).
“Hemos ingresado la denuncia correspondiente contra los autores de haber dañado la Red Vial Fundamental. Entonces, será la justicia la que identifique y sancione a estas personas que violaron los derechos del pueblo cruceño”, afirmó Montaño, en declaraciones recogidas por ABI.
La denuncia está planteada contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar.
Son acusados de haber incurrido en al menos diez delitos penales como violación a los derechos humanos y destrucción de bienes del Estado.
Montaño denunció que el paro cívico de 36 días existe un retraso del 7.5% en el avance físico de 26 obras que realiza la Red Vial Fundamental.
“A la fecha, seguimos reportando pérdidas y destrozos en la Red Vial Fundamental. Entonces, ¿el señor Camacho seguirá en su plan de dividir y de dar un golpe de Estado?”, cuestionó en conferencia de prensa.
Las carreteras San José-San Ignacio, la Malla 1 en la carretera a la Chiquitania, Muyupampa- Ipatí con conexión al túnel de Incahuasi y la carretera Boyouibe-Charagua-El Espino, entre otras, resultaron afectas por los destrozos de quienes atacaron el paro cívico, reportó el Ministro.
La quema de llantas sobre el asfaltado de la RVF provocó un daño de Bs 47.660.
El lunes 28 de octubre se presentó la primera denuncia por un gasto de más de Bs 49.000 en el recojo de escombros y basura por los bloqueos en las vías.
Montaño explicó que la acción judicial responde a que, durante el paro, se cometieron delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y daño calificado, estipulados en el Código Penal.
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