La Fiscalía departamental de La Paz aceptó la denuncia que el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcel Mayta, realizó contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, por los hechos vinculados al conflicto por la reprogramación del Censo de Población y Vivienda, según pudo confirmar El Deber.
El ejecutivo de la COR El Alto presentó la denuncia el pasado viernes contra las autoridades cruceñas por ocho delitos, entre ellos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismos y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo.
De denuncia presentada también pide activar una alerta migratoria para evitar que los tres sindicados salgan del país.
Juan Carlos Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, descalificó el actuar de la Fiscalía por aceptar la causa en tiempo récord.
“La justicia del MAS busca generar este proceso tirano a quienes están promoviendo la libertar y la democracia que es el Comité Interinstitucional”, dijo el jurista a El Deber.
El departamento de Santa Cruz lleva adelante el día 23 del paro indefinido en reclamo para que el Censo se ejecute el 2023 y que los resultados oficiales garanticen un nuevo mapa político-electoral en las elecciones generales del bicentenario.
Desde el inicio de las protestas, sectores y organizaciones afines al partido de Gobierno salieron a rechazar el paro impulsado por autoridades e instituciones cruceñas. Esas acciones provocaron enfrentamientos entre civiles; y la Policía demostró una evidente parcialización a favor de los simpatizantes del gobierno nacional.
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