El juez segundo de instrucción en lo penal de la ciudad de La Paz, Javier Vargas, determinó esta noche la detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses para el cuestionado dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza. Su defensa  alegó que el acusado sufre de diabetes tipo 2 y anunció que se interpondrá el recurso de apelación para revertir la medida.

“Si bien el señor abogado ha manifestado que tendría, en todo caso o en último caso, que disponerse la detención domiciliaria del imputado, el suscrito (juez) hubiere quizás accedido a aquello, sin embargo, no se tiene por (comprobado) el elemento del domicilio. Entonces, mal podría haber dispuesto en esta oportunidad una detención domiciliaria. Por estas consideraciones de orden legal y práctico, el suscrito juez segundo de instrucción en lo penal de la ciudad de La Paz, por las facultades que me confiere (…), es que se dispone la detención preventiva del señor Max Fernando Mendoza Parra en el recinto penitenciario de San Pedro para cuyo efecto expídase el mandamiento de detención preventiva”, dijo el juez en la conclusión de la audiencia de medidas cautelares.

La audiencia se desarrolló aproximadamente a las 19.00, con dos horas de retraso, y concluyó a las 22.58 de la noche de este domingo. Los seis denunciantes iniciaron con sus alegatos durante la primera parte y luego la comisión de fiscales, integrada por José Rodríguez y Leticia Muñoz, se sumó al pedido de detención preventiva.

José Luis Pérez Oblitas, abogado del polémico dirigente universitario argumentó que el acusado sufre de una enfermedad de base y que ofrece todas las garantías para que pueda defenderse en libertad. Sin embargo, el juez consideró que los respaldos sobre su actividad lícita y su domicilio no son suficientes para una detención domiciliaria y sentenció la detención preventiva. El otro abogado de Mendoza, José Luis Paredes, anunció que interpondrá un recurso de apelación para revertir la medida. 

Mendoza tiene seis procesos penales, dos por parte de diputados del Movimiento Al Socialismo y de Comunidad Ciudadana, y los delitos por los que se le acusa son: peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Durante la audiencia, el juez enfatizó que el dirigente universitario de casi 53 años no cumplía con los requisitos, como tener grado de licenciatura o ser docente, para que pueda ocupar el cargo como miembro del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) por el que se beneficiaba con un salario de casi 22 mil bolivianos mensuales.

El dirigente de la CUB lleva 33 años en la universidad sin poder concluir su carrera.

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