Son 61 vulneraciones a la libertad de prensa que se han registrado en lo que va de este año, de las cuales dos son las más recurrentes: la estigmatización a periodistas (16 casos) y el impedimento al acceso a la información (16 casos), según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. Otras cuatro vulneraciones recurrentes son las agresiones a periodistas (15 casos), amenaza a periodistas (siete casos), el ataque a un medio de comunicación (cuatro casos) y la censura (tres casos).

Respecto a los casos de estigmatización, resalta que en los últimos meses quienes más lo han cometido son exautoridades de gobierno como el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro Juan Ramón Quintana. El primero, por ejemplo, acusó a los medios de comunicación: Unitel, Red Uno, El Deber y Página Siete de ser destructivos y los asemejó de ser “peor que la bomba atómica y la OTAN” (01/03/22). García Linera, por su lado y sin presentar pruebas, calificó de “golpistas” a los diarios Página Siete, Los Tiempos y El Deber (03/03/22) y Quintana acusó a Página Siete, El Deber, Los Tiempos y radio Panamericanade “matar a la verdad”: “Sáquense de la cabeza lo que dice Página Siete, El Deber, Los Tiempos, Panamericana. ¡Sáquense! Sáquense de la cabeza porque eso es basura y forma parte del campo de batalla. (Los medios) son las herramientas, son las armas del capitalismo”, declaró el 27 de marzo pasado.

En lo referido al impedimento de acceso a la información, el Órgano Judicial aparece repetidamente como uno de los vulneradores en los últimos meses. El 28 de marzo, el administrador de la sala virtual del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz retiró a los periodistas de la audiencia de juicio del caso “Golpe II” en contra de la expresidenta Jeanine Añez. El episodio se repitió el pasado 4 de abril, cuando periodistas de Correo del Sur, Los Tiempos, Página Siete y El Deber fueron excluidos de otra audiencia de este juicio.

En lo relacionado a agresiones, el pasado 4 de marzo en Santa Cruz, el periodista Paul Granillo y el camarógrafo Carlos Montenegro, ambos de la red Unitel, fueron agredidos verbalmente y amenazados por una persona cuando realizaban la cobertura del paro cívico. En Cochabamba, el pasado 15 de marzo, los periodistas del diario Opinión Claudio Rojas y Nicole Vargas fueron agredidos y amenazados por vecinos del Distrito 9 cuando cercaron la Alcaldía en demanda de obras. Tuvieron que cortar la transmisión en vivo y cuidar sus pertenencias ante la falta de efectivos policiales. Otro caso se dio el 23 de marzo en la ciudad de La Paz, cuando un grupo de periodistas fueron empujados y acorralados por la Policía Militar que resguardaba la plaza Abaroa por los actos del Día del Mar.

Sobre las amenazas, el periódico Página Siete recibió tres entre marzo y abril. La primera fue del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que amenazó al diario con un juicio por una nota periodística publicada el martes 1 de marzo, basada en los testimonios de dos abogados que fueron tentados a realizar pagos indebidos para ser jueces (04/03/2022). La segunda provino del director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Luis Alejandro Cabrera, quien anunció acciones legales contra el diario por un reportaje sobre los malls que se construyen en la Uyustus (20/04/22) y la tercera fue del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien amenazó con “dar su dosis” al diario paceño (23/04/22). Otro caso de amenaza se registró en Potosí, esta vez fue el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, quien intimidó con procesos judiciales a los medios de comunicación que investigaron su formación educativa de ciclo superior y la obtención del bachillerato (03/04/22).

Sobre los ataques a medios de comunicación, la verificadora de noticias falsas “Bolivia Verifica” sufrió un ataque cibernético que eliminó casi 5.000 notas de su sitio web (11/03/22) y se registró otro a radio Juan XXIII en la población de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz; un hombre prendió fuego a sus instalaciones porque no le fue aceptado un aviso (04/04/22).

El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los/las defensores/as de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Realiza diariamente un monitoreo sobre hechos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos que puede ver en la siguiente dirección: https://redunitas.org/observatorio/

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