Por tercera vez, la justicia determinó ampliar la detención preventiva del almirante Flavio Arce San Martín, exjefe del Estado Mayor, en el caso denominado “golpe de Estado I”, informó su abogado Roger Valverde.

El almirante fue aprehendido en marzo de 2021 y se le dictó detención en la cárcel de San Pedro por seis. Al culminar ese plazo, se dictó otros seis meses de encarcelamiento.

Cuando este abril la defensa pretendía que Arce San Martín sea liberado, al terminar el plazo de la segunda detención preventiva, el juez del caso decidió ampliar por otros tres meses el encierro del almirante, a pedido de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Procuraduría y la denunciante Lidia Patty.

El abogado Valverde indicó que el argumento para que el juez haya dictado la detención preventiva era que faltaba tomar declaraciones a las personas que figuran como víctimas, como Evo Morales y Álvaro García, además de imputados en rebeldía. Asimismo, faltaban inspecciones oculares, entre otros actos investigativos.

Denunció que para la segunda detención el argumento fue el mismo y que para la tercera ampliación, el juez argumentó que la Fiscalía tenía carga procesal y no pudo llevar adelante estos actos investigativos y que, incluso, se requería la presencia de personas declaradas en rebeldía. 

El abogado Valverde criticó que se use el argumento de la carga procesal para ampliar la detención preventiva de su defendido por el caso “golpe I” más de un año, cuando en el caso “golpe II”, por los mismo hechos, la investigación se hizo en 40 días y ya se está por dictar sentencia.

Consideró arbitraria e ilegal a la decisión del juez, por lo cual se planteó una apelación para que un tribunal revise el fallo.

Recordó que el almirante Arce también enfrente otro proceso por la muerte de un ciudadano en Betanzos, durante el conflicto de 2019. Consideró que esa imputación es una aberración, tomando en cuenta que su defendido estaba en La Paz, cuando los hechos ocurrieron en Potosí.

Denunció que la estrategia contra su defendido es la misma que se usó en el caso del exdirector del Fondioc, Marco Aramayo, es decir, crearle varios procesos con la finalidad de mantenerlo detenido de manera arbitraria.

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