La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió este jueves que muchas de las sanciones aplicadas a los privados de libertad son arbitrarias debido a que los internos no son notificados mediante una resolución para poder apelar, de acuerdo a la Ley 2298 de Ejecución de Penas, y son depositados en celdas de castigo en condiciones infrahumanas. Cruz demandó el cierre de estos lugares al ser considerados vulneradores de los derechos humanos.

“Lo que hemos identificado a lo largo de los años es que esto (notificar mediante resolución a los privados de libertad con el castigo) no se cumple, no se le da la posibilidad al interno, no se le entrega ninguna documentación a la persona privada de libertad para que pueda apelar, y eso evidentemente genera vulneración”, dijo Cruz consultada por ANF.

Sobre las secciones de castigo como Muralla, en la cárcel de San Pedro de La Paz, Cruz indicó que “no corresponden esos lugares" que tienen condiciones infrahumanas, y que la Defensoría del Pueblo ya notificó con anterioridad al Estado boliviano y al Ministerio de Gobierno para que “elimine esos lugares de castigo” y que “estos sectores no hay solamente en San Pedro, sino que tenemos identificados lugares en diferentes centros penitenciarios” del país.

Una investigación de ANF reveló que en la sección de castigo Muralla, en la cárcel San Pedro de La Paz, los internos son sometidos a correctivos de la Edad Media. Permanecen encerrados por semanas bajo llave y sin salir a tomar sol, en celdas húmedas y antihigiénicas llenas de alimañas. Este trato es considerado como tortura y trato cruel, inhumano y degradante.

El director Nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, justificó esta situación y refirió que se trata de lugares de “reflexión” para los internos que han cometido faltas. 

Limpias dijo en la Sesión 72 del Comité contra la Tortura, en noviembre de 2021, que había decretado el cierre inmediato de estos lugares, sin embargo, ahora justifica el funcionamiento en apego a la Ley 2298 de Ejecución de Penas.

“Existen recomendaciones internacionales y también de la Defensoría del Pueblo para que estos lugares sean eliminados del sistema penitenciario”, remarcó la Defensora del Pueblo.

El Diputado del MAS, Sandro Ramírez, dijo desconocer esta situación, pese a que existe un informe del Servicio de Prevención de la Tortura (Sepret) de la gestión 2021 que registró la vulneración de los derechos humanos en varias celdas de castigo de las diferentes cárceles del país.

Indicó que de ser cierta esta situación, se estaría vulnerando los derechos de las personas privadas de libertad como ocurrió en los “gobiernos neoliberales, cuando secuestraban y torturaban, pero hoy en día estamos en democracia”.

“Es importante que nosotros como legisladores debamos investigar, eso sería vulnerar los derechos de cada ciudadano y ciudadana y nadie debería estar en esa situación, que haya torturas de esta naturaleza”, dijo a ANF.

El diputado Juanito Angulo enfatizó que en ninguna cárcel del país “se admite la violación o la vulneración de los derechos constitucionales de los privados de libertad” y se comprometió a hacer un seguimiento.

“Se tiene que garantizar la seguridad de los derechos constitucionales de todos los internos que están en este momento con detención preventiva y otros con sentencias condenatorias, sea cual fuere su situación se tiene que resguardar sus derechos constitucionales”, remarcó.

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