La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que se realizó una intervención “más integral” al exFondo Indígena y demandó a la Fiscalía y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) establecer responsabilidades por la situación que atravesaba el extinto Marco Antonio Aramayo y además sobre otros coimputados en el caso.
Cuestionó que en “muchos casos” no es permisible que una etapa preliminar, que debiera durar unos 20 días dure más de un año, como en el caso del desfalco en esa dependencia estatal, y otros que llevan bastante tiempo y continuar
“O sea, ya es una vulneración y una afectación (a los derechos) y es el propio Ministerio de Gobierno, en el propio Órgano Judicial que tiene que resolverse este tipo de hechos que no se da solamente en el caso de (Elvira) Parra, no se da solamente eMan el caso de (Marco) Aramayo, se da en una infinidad de casos”, afirmó.
Sobre el caso del exFondo Indígena, Cruz informó que en los departamentos del Beni y La Paz se abrieron “muchas solicitudes” de coimputados sobre presunta actividad procesal defectuosa o sobre limitaciones en actividades procesales.
Aramayo murió la madrugada del 19 de abril a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio secundario a todas las enfermedades que padecía mientras se encontraba internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal de Cotahuma de la ciudad de La Paz.
Sobre la situación de Elvira Parra, otra exdirectora del Fondo Indígena, anunció que se intervendrá por su estado de salud ante un cuadro de diabetes y presión alta. La mujer se encuentra recluida también siete años en la cárcel.
“Ella ha señalado que tiene una afectación en la salud que se encuentra disminuida sobre aquello y que ha tenido muy poco acceso a servicios para poder atenderse”, afirmó.
Cruz alertó que en el país hay más del 65% de casos de detenidos preventivos en las cárceles del país, lo que demuestra –en su criterio– que el sistema de justicia penal “se dedica a la detención preventiva más no al esclarecimiento de causas”.
“Eso no genera solo una afectación a los privados y privadas de libertad, sino general una afectación a las víctimas que tienen que ir casi como carceleros detrás de fiscales y jueces para que no suelten a los presuntos implicados”, cuestionó.
La autoridad afirmó que el problema estructural de la justicia que debe responder a las demandas de la población y no a lo que piden los jueces, fiscales y abogados.
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