En total, 16 de 66 postulantes fueron habilitados para la etapa de entrevistas en el proceso de selección para la designación del Defensor del Pueblo, 12 hombres y cuatro mujeres. Cinco perfiles destacan por sus méritos y su trayectoria en Derechos Humanos.

La ANF ha revisado las hojas de vida de los 16 candidatos y candidatas con base en la documentación publicada por la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD-Bolivia), entidad que participa como veedora del proceso.

El sistema “cumple/no cumple”, utilizado en la etapa de evaluación de méritos, no permitió apreciar las cualidades de cada postulante respecto a experiencia en el ejercicio de defensa de los derechos humanos, trayectoria como activista en el área o estudios que acrediten la cualificación de los aspirantes apunta la OCD.

Francisco Pedro Callisaya, Antonia Luisa Chipana, Leonardo Ramiro Iquise cumplieron los 10 criterios previstos en la convocatoria, Marco Antonio Loayza y Jafeth Esteban Mamani cumplieron nueve requisitos.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, Rubén Gutiérrez, detalló que, de los 16 clasificados, 8 provienen de La Paz, 3 de Chuquisaca, 2 de Oruro, 2 de Potosí y 1 de Cochabamba.

Lidia Apaza Quispe pasó a la siguiente etapa en la carrera para la Defensoría del Pueblo, de los 10 criterios de méritos cumplió siete. Es licenciada en Derecho, certificó que habla aymara y castellano. Tiene dos diplomados en Ciencias Penales y Educación Superior y una maestría en Derecho Constitucional Penal.

Trabajó en CISEJA-Wiphala (1991-1995), Solidarite (1996-1998), CDIMA (1999-2001), Consultorio Jurídico, ingresó en dos oportunidades al Servicio Legal del Municipio de Guaqui (2015-2016 y 2017-2018). En su trayectoria laboral no aparece ninguna experiencia en derechos humanos.

En su currículum vitae señala que cumplió funciones en la defensa de derechos humanos e incorpora certificados de: Sullka Mallku Tayka (2012-2013), Jaija Mallku Tayka Ejecutiva (2013-2015), Socialización sobre los Derechos Humanos y los derechos de las Naciones Pueblos Indígenas Originarias Campesinas de la Provincia Ingavi (2012-2022).

Acota que participó en talleres, seminarios, cursos de capacitación en materia de derechos humanos. Como referencias coloca nombres del Ejecutivo Cantonal Tiwanaku y de los ejecutivos provinciales Simaco, de una dirigenta de las Bartolinas y al Ministerio de Justicia. 

Rimmy Calle Choquecallata pasó a la siguiente etapa al haber cumplido ocho de los 10 criterios. Cuenta con un título de maestro de Educación Primaria Comunitaria Profesional Vocacional, cuenta con dos diplomados, en Educación Productiva y en Investigación Productiva.

El candidato no tiene experiencia laboral en derechos humanos. En su currículum colocó una lista de los cargos que ejerció en la dirigencia sindical.  Desde 2012 hasta 2018 fue presidente y vicepresidente de la OTB de la Comunidad Molle Puncu Chico del municipio de Poopo, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro.

Asimismo, secretario Pueblos Indígenas de la Central Obrera Departamental de Oruro en dos oportunidades, secretario general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro (2014-2015), es la única referencia vinculada a derechos humanos, y vicepresidente de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

También incorpora una lista de certificaciones de “reconocimientos y distinciones” sobre su defensa de los derechos humanos.

Pedro Francisco Callizaya Aro pasó a la etapa de entrevistas cumpliendo los 10 criterios. Es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Derecho Constitucional. Cuenta con maestrías en Estado de Derecho y Democracia y tiene especialidades en Derechos Humanos y otros.

Tiene experiencia laboral en Derechos Humanos. Fue director nacional de Derechos Reales (6 meses, 2021-2022), vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (2017-2021 y 2012-2016), especialista en Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2016-2017).

También trabajó en la Defensoría del Pueblo en la oficina nacional (2010-2012), entre el 2001 y el 2010 ejerció diferentes funciones en la oficina de la Defensoría del Pueblo La Paz, también fue personal de Defensa Pública del Ministerio de Justicia (1999-2001), fue secretario en un juzgado en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Fue docente en la Universidad Católica Boliviana, docente en la Escuela de Jueces de Bolivia, docente en la Escuela Militar de Ingeniería, docente en la Escuela de Abogados del Estado (2015, 2016 y 2018), docente en la Universidad Salesiana, docente en el Comando General de la Policía, docente en la Universidad Pública de El Alto.

En relación, a sus grados académicos, realizó una maestría en Derecho Constitucional, tres especialidades en Derecho Procesal Penal, en Derechos Humanos, en Nuevo Código Procesal Civil; cuatro diplomados en Interculturalidad y Descolonización, en Derecho Administrativo, en Defensa Legal del Estado y en la nueva Constitución Política del Estado, y dos post grados y un técnico superior.

En producción intelectual tiene varios artículos y dos libros; y tiene una larga lista de participación en talleres, cursos de capacitación, foros y seminarios.

Claudia Andrea Calvo cumplió seis criterios de los 10 exigidos y pasó a la etapa de entrevistas. Cuenta con dos licenciaturas, en Administración de Empresas, y en Derecho y Ciencias Jurídicas. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y un diplomado en Administración de Gestión Pública.

Trabajó en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, Asociación de Municipales de Bolivia, Universidad Tecnológica Indoamericana Ecuador, Escuela Militar de Ingeniería, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Ha realizado una maestría en Relaciones Internacionales y un diplomado en Administración y Gestión Pública. Adjunta una lista de eventos en los que participó (seminarios, talleres, congresos, cursos) y reconocimientos. No se refleja su trayectoria en derechos humanos.

Luisa Antonia Chipana Ubaras se autoidentifica como mestiza, nació en Cochabamba, pero vive en La Paz. Es otra de las postulantes que cumplió los 10 criterios previstos en la convocatoria méritos.

Trabajó en la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2015-2020, 202-2021, como experta para el fortalecimiento de la respuesta al VIH/2019 en recintos penitenciarios, coordinadora de Estudio de Eficiencia Coca Cocaína, experta en reforma penitenciaria.

También trabajó en la Defensoría del Pueblo (2008-2013), se desempeñó en la Dirección de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno (2007-2008), Corte Superior de Distrito de Pando (2007).

 Tiene una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz; dos diplomados en Gestión Política, Pública y del Conflicto, y en Gerencia del Conflicto. Ha incorporado una larga lista de cursos, seminarios, talleres en los que ha participado.

Wilber Choque Cruz cumplió con seis de los 10 requisitos exigidos para pasar a la etapa de entrevistas. Es abogado de profesión y tiene dos maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal y en Educación Superior. Obtuvo tres diplomados en el campo Penal y Familiar.

Trabajó en la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, Consejero del Consejo de la Magistratura (2012-2017), Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, Gobierno Municipal de Sucre.

Docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y el Instituto Politécnico Tomás Katari. Tiene dos maestrías en Penal y Procesal Penal y Educación Superior; tiene tres diplomados en materia Familiar, Penal.

Adjunta una lista extensa de los talleres, seminarios, conferencias, foros, cumbres en los que participó.

Evelin Patricia Cossio Márquez pasó a la tapa de entrevistas cumpliendo seis criterios. Tiene título en Derecho. Es de La Paz de la provincia Chicaloma.

Ha sido asesora jurídica de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) (2020-2022), abogada independiente litigante en defensa de sectores vulnerables desde 2017, dice en su currículum.

Apunta que fue capacitadora de la ley 348, también de la Justicia Indígena Originaria Campesina en Santiago de Huata, en Derechos de Comunidades Indígena originaria en comunidad Afroboliviana.

Cuenta con una maestría en Derecho Civil y dos diplomados en Derechos Humanos y en la ley 1173. Comparte una su asistencia a eventos como talleres, cursos de capacitación y seminarios. No muestra mayor experiencia en materia de derechos humanos.

Rubén Julio Estrada Candia pasó a la etapa de entrevistas cumpliendo siete requisitos. Tiene título en Derecho. Nació en La Paz.

Actualmente ejerce la profesión libre, fue jefe Departamental de Trabajo en La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo (2021-2022), en ese despacho ejerció como Analista legal (2017) y fue Especialista en asuntos sindicales (2012-2015), asesor legal en la Caja Nacional de Salud (2017-2021), en el Ministerio de la Presidencia (2015-2017).

En el Segip ejerció las funciones de Profesional control legal (2011-2012), jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica en el Servicio Departamental de Salud (2010-2011), Consultor en el Ministerio de Gobierno (2009-2010), secretario de Juzgado de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, y Oficial de diligencias (1997-2000).

Docencia en Derechos Humanos en la Universidad Policial Antonio José de Sucre. Adjunta una lista de los procesos de formación a los que asistió.

Marco Antonio Loaiza Cossio pasó a la etapa de entrevistas con un puntaje de nueve sobre 10. Es abogado. Actualmente trabaja como coordinador especial en Gestión Judicial y Justicia Plural en la Fundación Construir.

Se ha desempeñado como consultor en la Coordinadora de la Mujer (2018), en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2017 y 2016), en la Defensoría del Pueblo ejerció diferentes cargos entre 2004 y 2016

Ha realizado cuatro maestrías en Elaboración de proyectos en derechos humanos, Estándares Internacionales vigentes para personas con discapacidad y Libertad de Expresión y Prensa; diez diplomados en Derecho Procesal Constitucional, Bases Doctrinales en Derechos Humanos, Derechos Humanos y grupos en situación de vulnerabilidad y ocho pregrados y doctorante en Derecho Constitucional.

Incorporó una lista de los talleres, cursos, seminarios, foros, conferencias y otros eventos a los que asistió. Tiene escritos varios artículos y un libro. Habla los idiomas aymara, francés e inglés.

Marcelino Marco Antonio Lucero León cumplió seis criterios y pasó a la etapa de entrevistas. Es abogado de profesión. Ejerció funciones en la Defensoría del Pueblo entre el 2011 y 2015, trabajó en el Ministerio de Salud entre el 2017 y 2018 y estuvo en otros cargos similares.

Desempeñó funciones en la Caja Nacional de Salud, Caja Nacional de Salud Regional Santa Cruz, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo en dos oportunidades (2011-2015 y 2010), Representación Especial de la Defensoría del Pueblo-Chapare (2008-2010), Honorable Alcaldía Municipal de Villa Tunari (2006), Honorable Alcaldía Municipal de Chimore (2003-2006).

Realizó siete diplomados en temas de Prevención de violencia a la niñez, Derechos Humanos, Derechos de las personas adultas, Educación Superior, Técnica Legislativa y Cartas Orgánicas. Habla tres idiomas: inglés, quechua y aymara.

Porfirio Machado Gisbert cumplió siete de 10 criterios y pasó a la etapa de entrevistas. Es abogado. Ha trabajado en Senasag Bolivia, en el Consejo de la Magistratura La Paz, en el Ilustre Colegio de Abogados La Paz, docente de la Universidad Pública de El Alto, Universidad Andina Simón Bolívar, Fundación Perceptor, Escuela Técnica de Agricultura y Ganadería, Fundación Científica Ivannka.

Realizó cuatro diplomados vinculados al Derecho en general y Derecho Administrativo; además tiene especializaciones y realización de talleres y otros eventos.

Jafeth Esteban Mamani Yanarico cumplió nueve requisitos para pasar a la siguiente etapa de entrevistas. Es de la localidad de Warisata de la provincia Omasuyo. Es abogado y maestro.

Es docente de la Escuela Superior de Formación de Maestros Warisata (2022) y también en Huata (2020), trabajó en el Ministerio de Educación en dos diferentes cargos entre 2020, 2021 y enero de 2022, en la Dirección Departamental de Educación entre 2013-2019.

Realizó una maestría en Educación Superior; seis diplomados vinculados a la docencia, a la investigación educativa. Participó en diferentes eventos de capacitación y también señala que fue facilitador. No se observa su trayectoria en materia de derechos humanos.

Juan Patricio Quispe Mamani pasó a la etapa de entrevistas con seis requisitos aprobados. Es estudiante de Ciencias Políticas y concluyó sus estudios en Ingeniería Civil, además es técnico Automotriz, en Motores Diésel y en Electricidad de Automovil.

Uno de los primeros datos que coloca en su currículum vitae es que ejerce la presidencia de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas. Coloca los reconocimientos que recibió sobre su defensa de los recursos naturales, de los derechos humanos entre otros.

Juan Revollo Valencia cumplió seis requisitos de los 10. Es licenciado en Lingüística e Idiomas y es magister en Educación Superior; realizó dos diplomados en Educación Superior y en Producción de textos en quechua y una especialización en Revitalización de lenguas indígenas.

Docente de la Universidad Autónoma Tomás Frías (2021, 2018 y 2010), en la Universidad Pedagógica (2019), en la Universidad Indígena Quechua ‘Casimiro Huanca’ (2011). También incorpora otros eventos a los que asistió. No se percibe sus méritos en derechos humanos.

Santiago Condori Apaza cumplió ocho criterios establecidos en la convocatoria. Es licenciado en Antropología y es Técnico Superior. Tiene una maestría en Educación Superior; 11 diplomados por ejemplo en Antropología Forense, en Morfología Forense Reconstrucción Facial, en Investigación Educativa y Científica, además de otras.

Generalmente se desempeñó como técnico en diferentes en la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro, en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas Conamaq, en la Mancomunidad de Municipios Aymaras sin Fronteras, en el Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas, Instructor computacional en la Asociación de Mujeres Concejalas de Oruro.

Asesor General de la Asociación de Municipios de Oruro, ejerció los cargos de director y rector de la Organización Cultural Multidisciplinaria Khana Marka. Y adjunta una lista de publicaciones.

Ramiro Leonardo Iquise Pally cumplió 10 requisitos de los méritos. Trabajó en la Defensoría del Pueblo entre 2009 y marzo de 2022; en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (2009-2011), en la Alcaldía de El Alto (2007-2009)

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