La violencia y acoso político a las mujeres electas como autoridades es una realidad que persiste en el país y que, además, representa cifras alarmantes.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, informó que en los 10 años de vigencia de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres se han registrado alrededor 800 denuncias.

Señaló que solamente la gestión 2021, el TSE registró 30 denuncias oficiales de violencia política de parte de las nuevas autoridades, concejalas y asambleístas departamentales, que fueron posesionadas de sus cargos recién el 3 de mayo del año pasado.

Los datos se brindaron en el marco de la Cumbre Nacional en contra del Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres en Función Político Pública, que realizó el TSE con representantes de todo el país, que contaron sus experiencias.

Según la vocal Chuquimia, las mujeres legisladoras sufren la violencia para ser obligadas a tomar decisiones e incluso para renunciar a sus cargos.

“Estoy abocada a mi trabajo, pero temo por mí, por mi vida”

Uno de los casos es de la concejala de Riberalta en Beni, Soraya Dester, quien denunció que sufre el acoso y violencia política por ejercer su labor de fiscalización y legislación. 

Contó que hizo su labor fiscalizadora en temas como el precio de la carne, el respeto a la propiedad privada, oponerse a la compra de una planta generadora de oxígeno con recursos del complemento alimenticio, sin embargo, se armó un cabildo para desconocerla y sufrió una agresión que le dejó secuelas en los tendones de la mano.

La concejala Dester señaló que en su labor ha realizado 40 informes de trabajo, ha presentado como seis leyes, 90 minutas de comunicación al alcalde y unas 27 peticiones de informe.

Expresó su temor con la situación actual, tomando en cuenta que la agresión en su contra fue de parte de una persona que tenía el rostro tapado. “Estoy abocada a mi trabajo, pero temo por mí, por mi vida y por el entorno de mi familia también”, agregó.

“Psicológicamente estoy muy mal”

Otro caso es de la concejala de San Pedro de Curahuara en La Paz, Carmen Lourdes Vásquez, quien afligida dijo que está muy mal, afectada psicológicamente. 

Señaló que sufre la violencia política porque ha detectado nepotismo, funcionarios “fantasma”, pagos en avance sin justificativo.

Vásquez acusó al alcalde Roberto Aleluya de instruir a la población emitir un voto resolutivo para hacerla renunciar del cargo por la fuerza. También denunció a su suplente y dijo que ambos la acosan y persiguen mediante sus familiares.

Indicó que recientemente le quitaron la llave de la camioneta del Concejo Municipal y le cerraron las oficinas del municipio.

“Alto costo emocional, familiar, económico”

La asambleísta departamental potosina, Azucena Fuertes, contó que en su experiencia ha sufrido un “alto costo emocional, familiar, institucional, incluso económico” por su labor de fiscalización.

Recordó que cuando era concejal en Potosí, por denunciar a la Alcaldía, fue juzgada, sentenciada y destituida del cargo, sin justificativo.

Lamentó que, a pesar de tener una resolución judicial a su favor, el Concejo se negaba a reponerla en el curul. “Esto te tiende por debajo de la lona o sea es muy duro”, manifestó.

Señaló que tuvo un costo familiar, porque sus allegados también tuvieron restringidas sus opciones de trabajo; y costo físico por las amenazas permanentes que ha sufrido de carácter anónimo.      

Fuertes manifestó que ahora, como asambleísta, departamental no cesa la violencia y acoso, puesto que sufre amenazas por denunciar el caso de las 41 ambulancias que intentó comprar la Gobernación de Potosí, presuntamente de manera irregular.

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