La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prado, informó la mañana de este miércoles que el trabajo de la comisión revisora de casos de feminicidas y violadores liberados permitió la recaptura de 10 sentenciados por feminicidio, violación o asesinato.
En conferencia de prensa, desde la Casa Grande, la autoridad detalló la recaptura de dos feminicidas, dos violadores y seis asesinos de mujeres y menores, que era el tipo de delito que se consideraba antes que se cambie a feminicidio.
"La característica de esta comisión es de acciones orientadas a dar justicia, a recapturar a feminicidas y violadores, a volverlos a la cárcel para que las familias de víctimas de feminicidios sientan tranquilidad", dijo la ministra.
La comisión revisora de casos de feminicidas y violadores liberados comenzó su trabajo el 5 febrero, a iniciativa del presidente Luis Arce y ante la revelación del asesino serial Richard Choque, quien fue liberado, pese a tener una condena de 30 años sin derecho a indulto, y asesinó a dos adolescentes.
Prada precisó los casos en específico y luego de recordar el caso de Choque, mencionó a Rubén Omar Centellas, quien fue liberado por el juez Rafael Alcón, cuando debía cumplir 30 años de condena sin derecho a indulto por feminicidio. Otro ejemplo fue Félix Alfredo Ferrer, sentenciado en 2001 por asesinato de una mujer de 21 años de edad y, aquella vez no había el delito de feminicidio, fue liberado en 2014.
Además, son nueve jueces procesados, cuatro aprehendidos y uno con detención domiciliaria. Otras cinco personas también fueron aprehendidas, tres corresponden a personal de apoyo y dos abogados.
La comisión, dijo la ministra, centró su trabajo en cuatro pilares: revisión de casos, propuesta de normativas, convenios y generación de datos. Dijo que el trabajo continuará en el grupo de revisión que se reúne cada dos semanas.
Sobre el segundo pilar, aseguró Prada que en el Legislativo se trabaja en endurecer la sanción por el delito de prevaricato, para operadores de justicia, y evitar la liberación de sentenciados por feminicidios, violaciones e infanticidios.
La comisión también estableció convenios con otras instituciones del Estado, como el Régimen Penitenciario, para dar seguimiento a la ejecución de condena de presos rematados.
En el último pilar se refuerza el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno e intercambian datos con el Observatorio de Género que existe en Órgano Judicial, dijo la ministra.
Prada enfatizó que la meta de la comisión es culminar la revisión antes de los 120 días fijados como límite y para ese tiempo se limitaron 135 investigaciones que tienen que ver con sentenciados liberados.
La ministra aseguró que los aportes y datos de colectivos y organizaciones serán tomados en cuenta, como es el caso de las víctimas que hicieron vigilia en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde exigían al Gobierno la revisión "caso por caso" de 4 mil feminicidios y violaciones.
"Cuando se identifican irregularidades a miles de otros casos, esperamos, con estas modificaciones normativas, poder dar una respuesta a esos otros casos", dijo la autoridad del Gobierno. Agregó que otro aporte son los tres proyectos de ley que ayer plantearon la asociación de mujeres que marchó desde El Alto con cerca de 20.000 personas.
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