La Asamblea de la Cruceñidad determinó este miércoles un paro de 24 horas para el viernes 4 de marzo en contra de las “arbitrariedades e injusticias” cometidas por los administradores de justicia y se instruyó una vigilia “permanente” en las instituciones públicas.
El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue quien leyó las conclusiones emitidas que, entre otros aspectos, se declaró personas “no gratas” a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Obras Públicas, Edgar Montaño; y al de Justicia y Transparencia, Iván Lima.
“Declarar vigilia permanente y pacífica en las instituciones públicas de administración nacional, y paro cívico departamental de 24 horas con suspensión de actividades para el día viernes 4 de marzo en contra de las arbitrariedades e injusticias cometidas por miembros del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía y otras autoridades de Gobierno”, se lee en el punto 7 del documento.
En la resolución se cuestionó el proceso y la detención domiciliaria de Calvo y se señaló que “la sociedad cruceña estará vigilante y alerta ante cualquier acción en su contra” que venga desde otros órganos del Estado.
“Exigir al Poder Ejecutivo que respete la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del estado de derecho; y que deje de interferir e inmiscuirse en la administración de justicia en el país”, se lee en otro de los puntos.
Se conminó al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General del Estado avanzar en las investigaciones de todos los jueces y fiscales que tengan un proceso abierto en su contra; así también, la destitución de jueces y fiscales que no cumplan los requisitos mínimos exigidos por la norma o que tengan sentencia ejecutoriada.
Se otorgó además “poder de decisión absoluto” al Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y el Directorio para decidir “cualquier otra medida necesaria” que se llevará adelante lo resuelto en la presente Asamblea Magna.
La Asamblea de a Cruceñidad exigió el cumplimiento del debido proceso y respeten a las garantías constitucionales en los procesos que se les siguen a la expresidenta Jeanine Añez; a los dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala, militares y policías, activistas y ciudadanos en general.
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