A casi un mes del secuestro de 17 personas en los predios Las Londras en Santa Cruz, el Ministerio Público amplió las investigaciones contra otros implicados en ese caso y aguarda que la Policía ejecute las cuatro órdenes de aprehensión emitidas en pasados días.
“Ya se han extendido mandamientos de aprehensión, hay citaciones correspondientes se está ampliando la denuncia contra otras personas. En base a esa situación en forma pulcra se va a dar resultados a los afectados en su conjunto, en especial a los periodistas que han sido víctimas de estos hechos”, explicó el fiscal del caso Iván Quintanilla.
Una delegación de 17 personas, entre periodistas, policías y civiles fueron secuestrados por un grupo de supuestos avasalladores armados en los predios de Las Londras, el pasado 28 de octubre, donde sufrieron vejaciones y torturas durante siete horas.
En ese contexto, Quintanilla manifestó que el desdoblamiento de los videos tuvo buenos resultados, ya que gracias a eso se identificaron a los presuntos responsables del secuestro. Aunque hasta el momento no existe ningún aprehendido pese a que las víctimas identificaron a dos de los involucrados.
También está pendiente la declaración del director nacional del INRA, Eulogio Núñez, a quien ya se notificó con la citación, además de otras personas que deben presentarse en el tiempo establecido por la norma, caso contrario no se descarta ejecutar un mandamiento de aprehensión para que comparezcan, según la Fiscalía.
Por su lado, la diputada de Creemos María René Álvarez, exigió la destitución inmediata del director departamental del INRA de Santa Cruz, Adalberto Rojas, con el objetivo de transparentar las investigaciones; asimismo solicitó al Ministerio Público que se agilice la investigación.
“Pedimos la destitución inmediata de Adalberto Rojas. Es, además, una necesidad para que este proceso (investigaciones en caso Guarayos) sea transparente. Rojas debe ser cautelado por los delitos cometidos (según) sus propias declaraciones”, puntualizó la legisladora cruceña.
El pedido de la legisladora surge después de que Rojas admitiera que estaba apoyando a sus organizaciones sociales, según los mensajes hallados en sus teléfonos celulares y que le fueron confiscados el pasado 3 de noviembre.
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