El abogado Jhasmani Torrico sentenciado por secuestro y torturas pretende iniciar procesos por difamación e injuria a 13 medios de comunicación y solicitó a la jueza Sofía Camacho que requiera toda la información que estos medios divulgaron; la petición fue aceptada por la autoridad jurisdiccional.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) “rechazó la decisión de la jueza Sofía Camacho del juzgado de sentencia penal, de acceder a la petición del abogado sentenciado Jhasmani Torrico de conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información con el objetivo de iniciarles un proceso por difamación, calumnia e injuria”.
La organización de los periodistas emitió este jueves un pronunciamiento lamentando la decisión de la jueza y le solicita revisar su determinación, a la que también los periodistas le recordaron que está vigente la ley de Imprenta, que se constituye en la jurisdicción para juzgarlos por acusaciones referidas a presuntos delitos de imprenta.
Asimismo, cita que la Constitución Política del Estado en su artículo 106 establece que los periodistas ejercen su labor mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y de medios de comunicación.
Torrico terminó detenido y luego sentenciado a seis años y seis meses después que se filtraran unos videos en los que se lo ve golpeando de manera brutal a otra persona a la que le cobraba una deuda. El abogado utilizaba la violencia para cobrar las deudas solicitadas por sus clientes.
La federación sostiene que todos los medios de comunicación cubrieron las denuncias en contra de Torrico, acusado de extorsión, agresiones y dirigir un consorcio de juristas y fiscales.
Tras conocerse la intención del abogado “torturador”, el ministerio de Justicia se pronuncio recordando que la “libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución”.
“Ante el anuncio de un juicio penal contra periodistas por parte del abogado sentenciado por secuestro y torturas Jhasmani Torrico, el @MinJusticiaBol recuerda que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución”.
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