La jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de la capital, Ximena Mendizábal, fue suspendida de funciones por un mes sin goce de haberes.
Se trata de la decisión de un juez disciplinario ejecutada por el Consejo de la Magistratura luego de seis años, por un proceso iniciado en su contra ante la supuesta demora en la resolución de un caso.
La suspensión salió una semana después de que la jueza Mendizábal, en una audiencia cautelar, resolviera la libertad irrestricta del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, acusado de organización criminal, y deterioro del patrimonio histórico, entre otros delitos cometidos supuestamente durante la manifestación que pedía la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa, en octubre de 2020.
La jueza, que recientemente salió de un cuadro crítico de covid-19, admitió que fue notificada con la resolución de suspensión por un proceso disciplinario iniciado en 2015.
Un juez disciplinario dispuso su suspensión por un mes, pero la decisión fue apelada por la juzgadora ante el Consejo de la Magistratura, que “se guardó por varios años el pronunciamiento” y recién el lunes emitió una resolución ordenando la ejecución de la suspensión de funciones.
Lamentó que, por la decisión que asumió en el caso Yassir Molina, hayan “desempolvado” un proceso disciplinario de hace cinco años y que ya estaba prescrito.
Anunció que acudirá a una acción de amparo constitucional para hacer valer sus derechos, porque si bien hubo una demora en la resolución de un expediente, indicó que tenía varios casos por atender y no tuvo la cooperación de un personal de apoyo jurisdiccional.
“No es por un caso de corrupción o que no haya resuelto por negligencia”, aseguró la juzgadora.
Señaló que la denuncia fue revelada por radio Kawsachun Coca del Trópico cochabambino, que al parecer tenía información de la suspensión de sus funciones antes de que ella fuera notificada con la resolución.
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