El gobierno de Luis Arce votó este martes en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que condena la represión, el acoso a activistas y cooperantes con el organismo internacional en Nicaragua, y pide al gobierno de Daniel Ortega que permita las protestas pacíficas contra el régimen, informa Brújula Digital.

La resolución, presentada a propuesta de ocho países americanos, se aprobó con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho en contra, entre estos últimos los de Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China.

Nicaragua está gobernado por Daniel Ortega, desde el 10 de enero de 2007, que es parte del ALBA y aliado de Nicolás Maduro, Luis Arce y otros miembros del bloque denominado del Socialismo del Siglo XXI.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó este martes que el presidente Arce haya votado en contra de la resolución sobre la represión en Nicaragua.

“Pdte. @LuchoXBolivia. ¿Por qué su Gobierno votó en contra de esta importante resolución? Es una decisión lamentable que sólo comparten gobiernos con un pobrísimo récord en DDHH: China, Cuba, Eritrea, Filipinas, Rusia, Somalia y Venezuela”, tuiteó Vivanco.

Cuestionó al mandatario boliviano respecto de la aprobación de una resolución sobre la “gravísima” represión en Nicaragua. “El Consejo de DDHH de ONU acaba de aprobar una firme resolución sobre la gravísima represión en Nicaragua. Pide la derogación de las abusivas leyes aprobadas recientemente en el país. Llama a @mbachelet a monitorear la situación de DDHH, incluso durante las elecciones”, señala otra publicación de Vivanco en Twitter.

Vivanco también cuestionó hace nueve días la aprehensión y encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez y de dos de sus exministros. “Los órdenes de captura contra Añez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’. Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, dijo entonces Vivanco en su cuenta de Twitter.

Resolución de la ONU contra Nicaragua

La resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresa preocupación por las denuncias de violaciones y conculcaciones de los derechos humanos en Nicaragua, además de la represión de la disidencia en forma de actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria.

El documento insta al gobierno de Nicaragua que autorice manifestaciones pacíficas, que deje las detenciones arbitrarias, que libere a personas detenidas ilegalmente, sancione todo acto de intimidación o represalia, garantice la independencia judicial y elecciones justas.

También solicita a la Alta Comisionada de Derechos Humanos que vigile de cerca la situación en Nicaragua en el contexto del proceso electoral y que presente oralmente, antes del final de 2021, un informe provisional actualizado con recomendaciones, seguido de un diálogo interactivo.

La resolución urge al gobierno nicaragüense a "abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica", y le pide "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente".

Exigencias de países de la región

A la vista de la resolución e informes previos del Consejo críticos con Nicaragua, Colombia urgió al gobierno nicaragüense a que "coopere con las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria".

La delegación austríaca, en nombre de los países de la Unión Europea, que mostraron su apoyo a la resolución, denunció la continuidad de los "actos de intimidación, acoso, detenciones y vigilancia arbitrarias a opositores políticos, periodistas y sociedad civil en Nicaragua".

Ésta muestra "grave preocupación por las continuas noticias de violaciones de derechos humanos, abusos e impunidad desde abril de 2018, con persistente prohibición de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas, y actos de violencia de grupos armados".

Por parte del gobierno nicaragüense intervino en el Consejo de Derechos Humanos el asesor presidencial Paul Oquist, uno de los individuos sancionados por Estados Unidos a raíz de la actual crisis política, quien tachó la propuesta de "politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas".

"Constituye una agresión contra el pueblo de Nicaragua", añadió el también secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, quien aseguró que el país centroamericano sufrió en 2018 un intento de golpe de Estado que como otros siete ocurridos este siglo en la región intentó derrocar gobiernos de izquierda.

México, pese a votar a favor de la resolución, lamentó que ésta no reflejara la colaboración que Nicaragua ha tenido con agencias de la ONU para luchar contra la Covid-19 y atender a los afectados por los huracanes que afectaron a Centroamérica en 2020.

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