La Fiscalía General del Estado reveló este martes que ya ha admitido cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta Jeanine Añez y se activó el proceso de juicio de responsabilidades.
Las cuatro proposiciones acusatorias fueron presentadas a la Fiscalía el pasado 15 de marzo, con el impulso del Ministerio de Justicia.
Hasta el lunes se conocía que tres de los cuatro casos habían sido admitidos, pero este martes el coordinador de la Fiscalía General, Edwin Quispe, aclaró que las cuatro proposiciones siguen el proceso.
Según reveló Quispe. el 17 de marzo las proposiciones acusatorias fueron admitidas y remitidas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es decir, dos días después de que se presentaron los casos.
En el primer caso, se acusa a Añez por el crédito del Fondo Monetario Internacional, contraído en 2020 sin el aval del Legislativo. Se acusa a la exmandataria por los tipos penales de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. También están implicados el exministro de Economía, José Luis Parada y el expresidente del Banco Central, Guillermo Aponte.
En el segundo proceso, se acusa a Añez por los decretos emitidos durante la pandemia y que fueron observados por afectar a la libertad de expresión. En este caso se le investiga por resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, atentados de la libertad del trabajo.
La tercera proposición acusatoria es por la ampliación de la concesión a Fundempresa del registro de comercio. El caso es por resoluciones contrarias a la ley y, además de Añez, están involucrados los exministros José Abel Martínez y Adhemar Guzmán.
En el cuarto caso, se acusa a Añez por impedir el ingreso de ciudadanos bolivianos que, en 2020 durante la pandemia, pretendían regresar al país desde Chile. Los delitos en este caso son los de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación.
De acuerdo con el procedimiento, la Sala Penal del TSJ debe realizar el control jurisdiccional de los procesos. La ley estipula también que la Fiscalía tiene 30 días hábiles para formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo.
El presidente del TSJ, Olvis Eguez, indicó que la Sala Penal del TSJ debe informar hasta el próximo miércoles a la Sala Plena respecto a los casos para cumplir las formalidades de ley, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
En caso de continuarse con la acusación, el caso debe pasar a la Asamblea Legislativa, la cual debe autorizar la prosecución del juicio de responsabilidades por dos tercios.
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