El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la noche de este jueves enviar con detención preventiva a siete dirigentes universitarios, que convocaron a una asamblea que derivó en la muerte de siete estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Se trata de Juan C.Y.C.L., Pablo A.C.P., Wilson Q.CH., y Vladimir P.A., que se determinó enviarlos al penal de San Pedro, mientras que en el caso de Rosa M.M.G., Fanny MV.C., y Nayeli V.CH.T. se dispuso su traslado al Centro de Orientación Femenino de Obrajes (COF).

En la audiencia cautelar virtual, se valoró que existe la probabilidad de autoría de la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío.

La autoridad informó que se presentó además la declaración de testigos del hecho, acta del levantamiento de cadáveres, acta de precinto policial, informe de la UPEA, entre otros elementos. En ese marco, dijo que se demostró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización.

La mañana del martes 2 de marzo, y en medio de empujones, una baranda de seguridad cedió de un cuarto piso del edificio de la facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UPEA y dejó caer a unos 11 estudiantes, de los que siete perdieron la vida.

El fiscal de Delitos Contra la Vida de la ciudad de El Alto, Favio Maldonado, explicó que la probabilidad de autoría de los imputados se centra en la convocatoria a una asamblea extraordinaria estudiantil presencial en predios universitarios.

Afirmó que la convocatoria fue en contravención a las disposiciones previstas en un decreto y disposiciones municipales que prohíben la aglomeración de personas y reuniones masivas para evitar la propagación del coronavirus.

Se presume además que los dirigentes implicados en el caso tenían pleno conocimiento de las pugnas que existía entre ambos frentes, y pese a ello, llamaron a una asamblea y pusieron en peligro la vida de los universitarios.

Informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) establecieron que, al momento de hacer el levantamiento legal de los cuerpos, se evidenció que los estudiantes habrían fallecido por múltiples traumatismos en la cabeza, facial y el cuerpo, no se pudo realizar la autopsia médico legal porque los familiares firmaron actas de oposición.

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