El 21 de febrero de 2016 más conocido como el 21F marca un hito en la historia democrática del país. Permitiría el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; pero el incumplimiento de los resultados del referéndum, cambiaron el rumbo de los hechos políticos que derivaron en una crisis política en 2019.

La ciudadanía se había resignado a ir a un referéndum para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado sobre el periodo de mandato del presidente y vicepresidente, impulsada por el Movimiento al Socialismo. Fue convencida a las urnas para ratificar los límites del poder.

“Todos pensaron que iban a respetar el 21F. Marca el triunfo democrático institucional, porque se le dice No a una persona que se quería perpetuar, y fortalecía la democracia y la vigencia de la Constitución Política del Estado”, afirma el analista Williams Bascopé.

Al imponerse la victoria del No sobre el Si, a pesar del estrecho margen, la democracia directa y participativa se expresó en la voluntad del pueblo que cerró la posibilidad de reformar la Constitución, en consecuencia, los intereses de un partido político debían quedar subordinados al soberano, pero esto no sucedió.

“El rumbo de la política hubiera tenido otro curso si el MAS hubiera dejado de insistir con Evo Morales como candidato”, afirma el analista político Marcelo Arequipa, añade que el referéndum definitivamente marca un “punto sumamente importante que interpela más allá de la democracia representativa y liberal, sino también interpela a la democracia participativa”.

El MAS no buscó en soledad un cuarto mandato (2020-2025) del entonces presidente Evo Morales, sino la institucionalidad del Estado se puso al servicio del partido gobernante. Una de las instituciones que debía preservar la vigencia de la Carta Magna como el Tribunal Constitucional Plurinacional no solo avaló la reelección indefinida sino dejó inaplicables artículos de la Constitución.

A partir de la sentencia constitucional 0084/2017 del TCP “se vinieron los problemas”, el declarar la reelección como un “derecho humano”; la mayor aberración en la que incurrieron los magistrados en ese tiempo, afirma Bascopé.

Arequipa añade que “todo lo que la población la sociedad se permite resolver por la vía electoral, sean elecciones o referéndum, no se puede tocar por la vía legal”, un mensaje claramente dirigido a quienes sobrepusieron los intereses partidarios a la voluntad ciudadana.

Pero no solo es el TCP, el Tribunal Supremo Electoral el 2016 administró el referéndum, proclamó la victoria del No. No obstante, se limitó a acatar la sentencia constitucional a pesar del principio de preclusión. En 2019, al “amparo” de esta sentencia habilitaron a Evo Morales como candidato.

Líderes políticos, legisladores de ese tiempo acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que asuma una posición a través de sus mecanismos para establecer si el TCP había realizado o no una interpretación correcta de la Convención Americana de Derechos humanos sobre la reelección indefinida. Pero este organismo no hizo nada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empezado a abordar el tema después que el gobierno de Colombia pidió que establezca los alcances del artículo 23 de la Convención. Tras una primera audiencia celebrada el año pasado, recién el presidente de la CIDH dijo que no existe la reelección indefinida como un derecho humano. Para eso ya se desencadenaron muchos hechos políticos en Bolivia.

Arequipa vuelve a plantear que en estos escenarios la justicia es un tema central. “Las leyes que se ajustan a los hechos en ese círculo vicioso, más allá de la crisis multidimensional, yo creo que hay una crisis de fondo de fondo, que es cómo hacemos que las reglas de juego se respeten para todos, creo que ese es un problema muy importante y urgente. Por eso hablo de la justicia”.

Bascopé coincide, sostiene que “La justicia y el TCP es clave, es una columna central para la estabilidad e institucionalidad democrática”, pero ve todavía riesgos porque hay sectores que no se apegan a la letra de la Constitución, sino a un cálculo político”, cita claramente al que fue el entorno de Evo Morales, que mientras haya una intención de volver al poder la inseguridad democrática va a continuar.

“Más allá de los intereses políticos tendría que primar la institucionalidad democrática, eso es lo que quisiéramos, sin embargo, la incertidumbre sigue puesta ahí por lo que representa Evo Morales en algunos sectores populares que no les gusta someterse mucho a la letra de la Constitución, sino al ´calculo político. Y a eso aporta la inseguridad que da un Tribunal Constitucional o un poder Judicial inclinado al poder”, precisa.

En definitiva, la Justicia garantiza el respeto a las instituciones en un sistema democrático, regular el ejercicio del poder y los excesos de este para que se respeten los derechos fundamentales de las personas.

En Bolivia, “Estamos los ciudadanos atrapados en un círculo vicioso, es decir, políticos que intentan influir en la justicia o los operadores de justicia y fiscales intentando influir en la política, que creo que no se va a romper”

Observó el silencio del presidente del Estado Luís Arce, respecto a la propuesta de reformar la Justicia, un planteamiento hecho por el ministro de Justicia, Iván Lima, y que prácticamente ha naufragado en un intento por avanzar en modificar un sistema que no funciona, que se ha convertido en funcional al gobierno de turno y que no garantiza los principios constitucionales.

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