El Colegio Médico de Bolivia apeló este sábado ante el presidente de la Asamblea Legislativa David Choquehuanca para solicitar la anulación de los artículos referidos al derecho de huelga, contratos de personal, regulación de costos en clínicas privadas, previsto la Ley de Emergencia Sanitaria.
Los galenos ratificaron su decisión de ir a un paro de labores de 24 horas a partir del lunes y abrir un paro indefinido si acaso el Senado Nacional decide tratarlo en revisión la próxima semana.
La entidad envió una carta al vicepresidente Choquehuanca a quien les hacen conocer el pronunciamiento del Sistema Nacional de Salud reunido de manera virtual la noche de este viernes, para tratar los alcances de dicho proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados.
Informan que la Ley fue elaborada y aprobada sin el consenso de los colegios de profesionales de la salud, motivo por el cual optaron por la medida de presión, manteniendo la atención de emergencias y la emergencia sanitaria Covid-19.
Consideran que antes de proseguir su aprobación en el Senado, previamente, se debe convocar a los sectores involucrados para su análisis y consenso respectivo a fin de garantizar el efecto deseado en toda la población.
Recuerdan que el artículo 53 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de suspender labores en defensa de sus derechos, pero el proyecto de ley limita los derechos a la protesta y manifestación del sector salud.
La entidad colegiada señala que el proyecto de ley no declara la emergencia sanitaria sino pretende introducir normas que vulneran derechos fundamentales, configuran un sistema de control político creando un consejo nacional sin asesoramiento científico y atentan contra las autonomías.
Advierten que habilitar la contratación de personal no apto para la atención de la pandemia, constituye un atentado a la vida de las personas, ignorando la alta tasa de desempleo del sector salud y la valía del profesional boliviano.
También observan el intento de establecer precios en clínicas privadas para la atención de los enfermos de coronavirus, sin realizar un estudio técnico económico que pone en riesgo la estabilidad y sostenibilidad del propio sistema de salud. Finalmente advierten que la ley autoriza a despilfarrar los pocos recursos económicos autorizando contratos impunes bajo título de “cláusulas de confidencialidad”.
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