A través de un comunicado público, la Alianza Comunidad Ciudadana calificó como adecuada la devolución de aportantes de las AFP, como mecanismo para aliviar la situación económica de los trabajadores que han perdido su trabajo y para inyectar recursos y estimular la demanda agregada. Sin embargo, señaló que el gobierno debe evitar que con esta medida “se produzcan riesgos para los trabajadores, para la economía en general y para la estabilidad del sistema financiero nacional”.

“(Al aplicar esta medida) se debe tomar las previsiones para proteger las futuras rentas de jubilación de los trabajadores y garantizar que no se afecte la estabilidad cambiaria, para ello es necesario que la devolución de aportes incorpore mecanismo que incentiven el ´compro boliviano´”, señala el comunicado que fue presentado por Antonio Roca, Diputado por La Paz y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Baja.

Con relación al Proyecto de Ley de devolución de aportes presentado por el gobierno, y que se debatirá en la ALP desde este miércoles, Roca explicó que la Alianza CC tiene observaciones de fondo en tres aspectos: la devolución parcial, devolución total y exclusiones.

Sobre la devolución parcial, CC está de acuerdo con que sea voluntaria y hasta un 15%, sólo para aquellos trabajadores que hayan perdido su empleo y no perciban una remuneración del sector privado o público. Sin embargo, rechaza que la devolución parcial beneficie solo a los trabajadores cuyo ahorro acumulado sea menor o igual a Bs. 100.000. “Esta medida es regresiva, inaceptable y discriminatoria con el resto de los trabajadores cuyo ahorro es mayor, ya sea por llevar muchos años aportando o por tener ingresos mayores”, señala.

Sobre la devolución total, CC está en desacuerdo con que se beneficie solo a quienes tienen hasta 10.000 Bs y una edad de 58 años. “CC considera que este umbral es discriminatorio y castiga a quienes han sobrepasado dicho umbral y deben espera varios años para cumplir los 58 años que la Ley actual les exige”, argumenta la Alianza. En este aspecto propone que la devolución sea hasta el 20% del aporte acumulado y que el aportante pueda utilizar el saldo no devuelto, como garantía para créditos bancarios, a tasas de interés muy accesibles.

Respecto a las exclusiones en el Proyecto de Ley, CC rechaza la propuesta del MAS de marginar del beneficio a quienes hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público. “Esta exclusión es discriminatoria e inaceptable, carece de justificación objetiva y es una represalia política en contra de los trabajadores que ingresaron a trabajar a la administración pública en el gobierno de transición”, señala el comunicado de la Alianza.

También se rechaza la pretensión de castigar a quienes se beneficien de la devolución parcial o total de aportes, privándolos de su derecho a la “fracción solidaria”. “Esto castiga de una manera cruel a los aportantes más necesitados, lo cual es un contrasentido social, económico y moral”, concluye CC.

Finalmente, la Alianza que preside Carlos Mesa afirma que más allá de esta medida coyuntural y de emergencia, “el país necesita de una reforma integral al Sistema de Pensiones, modificando la Ley 065 de 2010, orientada a mejorar las rentas de jubilación y ampliar la cobertura, promover la incorporación de nuevos actores financieros al sistema y asegurar mejores rendimientos de los fondos de pensiones que compensen el efecto de la devolución de los aportes”

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