La Defensoría del Pueblo informó que tuvo que intervenir en un caso registrado en El Alto, donde el Hospital Agramont retuvo por cuatro días el cuerpo de una persona fallecida por COVID-19, debido a la deuda que había acumulado la familia por la atención y que estaba pendiente de pago.

La delegada defensorial, Teresa Subieta, indicó que la deuda ascendía a 280 mil bolivianos y que la familia con esfuerzo logró conseguir parte de la misma, pero se llegó al acuerdo de que se gestionará la cancelación del resto del dinero a través de la Caja Nacional de Salud, donde el paciente estaba asegurado.

Subieta señaló que la retención del cadáver está prohibida, puesto que una persona, a pesar de estar fallecida, aún tiene dignidad y derechos humanos.

Señaló que la Defensoría logró mediar en el caso, a denuncia de la familia, y que se movilizó para conversar con los responsables del centro médico.

Gracias a las gestiones, el cuerpo del fallecido logró ser retirado del hospital la tarde de este martes. La delegada recalcó que de haberse mantenido retenido el cadáver, se estaría cometiendo una ilegalidad.

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