El Gobierno rechazó este viernes el informe de Human Rights Watch (HRW), que entre otros solicita que se retiren los cargos por terrorismo al expresidente Evo Morales, que pidió en noviembre dejar sin alimentos al país, y recordó al organismo que el mismo Movimiento Al Socialismo (MAS) en su prolongado gobierno de 14 años seleccionó en el Legislativo que controla y coptó a la justicia que continúa en el país, informa el portal Brújula Digital.

“Rechazamos categóricamente el punto que hace referencia a una supuesta persecución política utilizando la justicia contra Evo Morales”, afirmó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y aseguró que “hay que recordar que el MAS preseleccionó las autoridades (judiciales). En otras palabras, todo el sistema judicial estaba cooptado por el MAS, partido de Evo Morales, y por tanto es un contrasentido decir que el actual Gobierno ejerce un control sobre la justicia o como arma de persecución”.

El informe de HRW, denominado ‘La justicia como arma: Persecución política en Bolivia’, documento de 53 páginas, considera “desproporcionadas o infundadas” las acusaciones contra Morales y observa “violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva” y “(sugiere al Gobierno de Bolivia) abandonar toda persecución por motivos políticos de personas que hayan tenido vínculos con el gobierno de (Evo) Morales o sus partidarios, y respetar la independencia judicial y fiscal”.

El ministro Núñez recodó que el MAS seleccionó a las autoridades que hoy conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en los 14 años ininterrumpidos de gobierno.

"Este documento (del RHW) denuncia que el gobierno de Evo Morales debilitó la independencia de la justicia, no respetó los resultados del referéndum del 21F y que hubo ataque contra la sociedad durante el conflicto post electoral”, aseguró el titular de la Presidencia y afirmó que “todo el sistema judicial esta cooptado por el MAS (...) y es un contrasentido decir que el actual Gobierno ejerce una persecución con la justicia (contra Evo Morales)”.

La imputación contra Evo Morales se basa en una grabación publicada en noviembre de 2019, en la cual se escucha al exmandatario instruyendo a su cocalero Faustino Yucra que se cerquen ciudades para dejarlas sin alimentos, y se dé, más bien, “combate” y “batalla”.

El expresidente Morales, que ahora vive en el barrio Colegiales, zona residencial en Buenos Aires, Argentina, es acusado de promover los bloqueos de carreteras, en plena pandemia del coronavirus, para impedir el ingreso de medicinas y oxígenos a los hospitales. Los sectores sociales afines al MAS exigían que se defina el 6 de septiembre como fecha para las elecciones generales; pese a los 12 días de bloqueo de carreteras, el Tribunal Supremo Electoral ratificó para el 18 de octubre.

De acuerdo con el Gobierno, al menos 40 personas perdieron la vida a consecuencia de los bloqueos que impidieron el paso del oxígeno medicinal a los hospitales.  “¿Cómo se puede llamar a alguien que pensó en matar a todo un pueblo? Todos fuimos testigos de lo que ocurrió en el país”, señaló Núñez y añadió que la acción se produjo por el afán de poder de Evo Morales.

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