Productores de granos y oleaginosas exigieron este sábado autorizar el uso de la semilla transgénica con el argumento de incrementar la productividad y poner a Bolivia a la par de otros países en el uso de la biotecnológica.

“Apoyamos (el uso de la semilla transgénica) porque con esto podemos mejorar los rendimientos. Ahorita los rendimiento en soya son de 2.2 toneladas por hectárea cuando en Brasil y en Argentina se produce 3.5 toneladas por hectárea. Imagínese esa diferencia que tenemos con los países vecinos y es porque ellos han aplicado la biotecnología”, expresó Jorge Alberto Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob).

En los últimos días se dieron al menos cuatro pronunciamientos exigiendo la apertura a la biotecnología en el país, entre los cuales se encuentran: la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Asociación de Productores de Granos del Gran Chaco (Aprograch), la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz (Asociatrin) y la Caniob.

El debate sobre el uso de la semilla genéticamente modificada surgió después que en mayo el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez aprobara el decreto 4232 que abrevia la evaluación del Comité Nacional de Bioseguridad para el uso de semillas transgénicas de algodón, soya, caña, maíz y trigo en Bolivia. Tal medida generó rechazo desdediferentes sectores y apoyo del empresariado agroindustrial, fundamentalmente ligado al monocultivo de soya en el oriente.

Posteriormente, pueblos indígenas, activistas y expertos de Bolivia presentaron en julio una acción popular, ante la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para suspender los decretos que avalan la evaluación del uso de semillas genéticamente modificadas.

Asociada a las demandas de mayor productividad está la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, con el fin de cumplir compromisos con el mercado exterior, que se ha ido dando progresivamente y en algunos casos ha implicado la expansión de focos de calor por los incendios, que el año pasado provocaron una quema de más de 5 millones de hectáreas en las regiones cruceña y beniana, con daños de gran magnitud a diversos ecosistemas y territorios indígenas.

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