En la ciudad de El Alto, los choferes federados, gremiales y los microempresarios gestaron un movimiento conjunto que exige a la presidenta Jeanine Añez que promulgue la ley de diferimiento en pagos de créditos bancarios, o de lo contrario iniciarán medidas de presión desde este miércoles 26 de agosto.
La ley de diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre de 2020 ya fue aprobada y sancionada por la Asamblea el 12 de agosto, pero desde entonces la presidenta Añez no la promulga. El Gobierno alegó que estaba analizando el impacto en los ahorristas.
El ejecutivo de la Federación Andina de Choferes, Germán Tarqui, aseguró que su sector decidió un paro movilizado con bloqueos para este miércoles, para exigir a la mandataria que se promulgue la ley.
“El ampliado de la Federación Andina ha determinado el paro de 24 horas el día de mañana (miércoles), paro movilizado con bloqueos a fin de que esta presidenta nos escuche”, afirmó.
Dijo que el 90% de los transportistas es deudor a entidades bancarias y sostuvo que Añez se burla de la población al no promulgar la norma.
De parte de los microempresarios, el dirigente Juan Carlos Apaza, señaló que no pueden pagar sus créditos debido a la falta de movimiento económico. Manifestó que están dando plazo a la mandataria para promulgar la ley hasta este martes o el miércoles saldrán en protestas.
Apaza sostuvo que se paralizará la ciudad de El Alto, como parte de las medida de presión, en conjunto con los choferes, artesanos y otros sectores con las misma demanda.
En el caso de los gremiales, el dirigente Rodolfo Mancilla indicó que si Añez no promulga la ley hasta el mediodía del miércoles, los comerciantes bloquearán las vías desde horas de la tarde.
Indicó que los gremiales bloquearán con “alfombras humanas” y no usarán promontorios o piedras parea no dañas los caminos.
Mancilla aseveró que los gremiales no están generando recursos suficientes como para pagar al banco, sino sólo para su alimentación.
De no promulgarse la ley, los bancos están habilitados a cobrar los créditos desde el 1 de septiembre. Los dirigentes denunciaron que sus afiliados ya sufren “acoso” de las entidades financieras para hacer efectivos los pagos.
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