Seis procesos de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) para la adquisición de laboratorios, pruebas e insumos de diagnóstico de COVID-19 fueron anulados por “errores de cantidad” en las solicitudes de cotizaciones, informa el portal Brújula Digital.

“Existe error en la SDC (solicitud de cotizaciones), donde las especificaciones técnicas consignan errores en las cantidades requeridas (...) por lo que se recomienda anular el proceso de contrataciones hasta el vicio más antiguo”, dice la justificación del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) ante la anulación de las seis resoluciones, según reporte de Página Siete.

Las seis convocatorias –publicadas entre el 20 y el 21 de julio– significaban una inversión de 133 millones de bolivianos.

Algunos ítems fueron licitados nuevamente en dos nuevos procesos que se encuentran en curso. Autoridades locales señalan que hay falencias en las compras, contrataciones y trámites que dependen de la agencia estatal.

Por otro lado, en abril pasado, los alcaldes de La Paz y El Alto anunciaron la compra conjunta de pruebas, reactivos y laboratorios propios para ayudar a controlar el brote del coronavirus en ambos municipios.

Sin embargo, los trámites debían pasar por la autorización de la AISEM ya que el gobierno centralizó en esa institución todas las compras de insumos y equipos para la lucha contra el COVID-19. Pero el trámite demoró y luego estalló el caso de los respiradores españoles, por lo que la gestión quedó paralizada.

“Toda compra de insumos, de equipamiento depende de la AISEM, agencia que está bajo tuición del Ministerio de Salud. Esta institución ya demostró absoluta debilidad al no poder completar la compra de 170 ventiladores que además es investigada por la justicia”, dijo el vocero de la Gobernación de La Paz, Édgar Ramos, a ese medio.

La AISEM fue cuestionada por la adjudicación de 672.000 tests PCR para coronavirus a una empresa china por un monto de 25 millones de bolivianos más que el ofrecido por un laboratorio uruguayo.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció el pasado 14 de agosto a Brújula Digital que autoridades de gobierno adjudicaron la compra de las pruebas con un presunto sobreprecio.

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