La organización Amnistía Internacional estableció que el expresidente Evo Morales incentivó violaciones a derechos humanos durante la crisis postelectoral de noviembre de 2019, que se generó a causa del presunto fraude electoral que cometió en los comicios generales del 20 de octubre de ese mismo año, según se informó este viernes desde el Ministerio de Justicia, informa el portal Brújula Digital. No obstante, el documento también cuestionó a diferentes acciones del gobierno de Jeanine Áñez.

El viceministro de Justicia, Hubert Vargas, destacó la publicación del informe denominado "Para sanar la pandemia de la inmunidad", que es de los “pocos responsables” que se emitieron desde diferentes instituciones de defensa de los derechos humanos. 

"Este informe de esta organización contiene información relevante sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros (o bloqueo de las personas que protestaban por el fraude electoral) continuaban", se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.

Tras la dimisión de Morales a la Presidencia, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) estableció irregularidades, en Bolivia se desató una crisis que duró cerca de 15 días, con bloqueo de caminos protagonizado por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"No solamente hace referencia a esa violación de derechos humanos, sino también en este informe se señala que existieron graves ataques contra exdefensores del Pueblo, como el señor Waldo Albarracín, que fue herido con un objeto contundente y cuya casa (luego) fue incendiada por una turba de alrededor de 400 personas", agregó Vargas, en conferencia de prensa. 

La autoridad también indicó que el informe hace referencia a la violación de la libertad de expresión, a través de la quema de la casa de la periodista Casimira Lema y las amenazas que sufrió la periodista Ximena Galarza.

TAMBIÉN CUESTIONAN A ÁÑEZ

Este informe también cuestiona acciones de la administración de Añez, como por ejemplo el “hostigamiento” a políticos del MAS que ahora pasaron a ser opositores. “El gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’. Además, se han hecho acusaciones a personas por participar en ‘movimientos de desestabilización y de desinformación’ y de hacer ‘guerra virtual’ contra el gobierno”, establece el documento.

En el documento también se pide investigar los hechos violentos de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), debido a que advirtió “represión de manifestaciones y uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

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