El Gobierno afirmó este jueves que no se retornará a clases presenciales en la actual coyuntura de pandemia por el coronavirus aunque se tenga que ir a la cárcel por asumir esa decisión, después de que el miércoles la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió dejar sin efecto la clausura del año escolar.
“Nosotros no vamos a volver a las clases presenciales aunque tengamos que ir a la cárcel el día de mañana, no lo vamos a hacer, porque eso significaría que nuestros niños se (podrían) contagiar, morir o llevar la enfermedad a sus casas y matar a sus abuelos, a sus padres”, sostuvo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El Ministerio de Educación, a través de un comunicado, dio a conocer que la resolución de la Sala Constitucional, presidida por el vocal Israel Campero, tiene "serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad", por lo cual, decidió presentar un "recurso de complementación, aclaración y enmienda".
Agregó que la presidenta Jeanine Áñez y todo su gabinete de ministros privilegian la vida, por lo que no se permitirá por ningún motivo que los niños se expongan al coronavirus COVID-19 aunque les caiga encima "cien mil juicios".
"Yo le pregunto a usted, ¿mandaría a sus hijos a clases presenciales? Yo prefiero que se quede ignorante mi hijo en la casa a que se vaya a contagiar, yo estoy saliendo a trabajar, yo estoy saliendo a dar todo de mí para ayudar al país, pero no voy a permitir que mi hijo vaya a contagiarse para que después traiga el virus a la casa y contagie a sus abuelos", insistió la autoridad, en una entrevista con Red Uno.
Entonces, continuó, "por este motivo y dado que esta resolución tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional, para ser confirmada o revocada, no es definitiva ni final" la cuestionada determinación judicial, cita el documento.
Además, Murillo sostuvo que en este caso hay un "trasfondo político" porque el vocal presidente de la Sala Primera, Israel Campero, "fue designado en varios cargos por Héctor Arce Zaconeta, hombre fuerte del MAS (Movimiento Al Socialismo), como Subprocurador, Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. También fue asesor constitucional de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, dirigida por Álvaro García Linera".
Por otra parte, según el mismo comunicado, se observó la presencia, en calidad de tercer interesado, al abogado José Antonio Eguino, exdirector jurídico del exministro de Educación, Roberto Aguilar, fungiendo como abogado de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, "conocida por su afinidad política con el MAS".
Por lo tanto, el Ministerio de Educación concluyó que "no queda duda que (esta polémica) determinación es una acción planificada por operadores políticos afines al MAS, que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de los estudiantes, maestros y padres de familia".
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