La comunidad educativa boliviana otra vez está en vilo. El fallo de la Justicia que el miércoles anuló la clausura del año escolar 2020 dispuesta por el gobierno y la consiguiente respuesta del Ministerio de Educación que advirtió que esa resolución será apelada, dejó en la incertidumbre a maestros, estudiantes y padres de familia sobre el futuro de la actividad escolar en lo que resta de esta gestión.

A raíz de la pandemia del coronavirus, el gobierno clausuró el año escolar el 3 de agosto a través de una resolución del Ministerio de Educación, y dispuso que todos los estudiantes aprueban al grado inmediato superior. Esa situación generó incertidumbre entre los educadores, alumnos y padres de familia, quienes no sabían si las clases virtuales debían continuar. De hecho, hay unidades educativas, principalmente privadas, que siguen con ese trabajo. Otro aspecto que no se dejó claro es si se debía completar el pago de las 10 cuotas mensuales establecidas por ley.

Cuando los maestros, estudiantes y padres de familia hallaban soluciones a esos aspectos, sorpresivamente llegó el fallo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz respecto a una acción popular interpuesta por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y otras personas. La resolución ordenó al Ministerio de Educación que presente en un plazo de 10 días una política educativa integral debido a que consideró que la clausura del año escolar se constituyó en una violación al derecho a la educación que tienen millones de estudiantes en el país.

Pero el Ministerio de Educación advirtió que esa resolución judicial no es “definitiva ni final”. Anunció que interpondrá un “recurso complementario, aclaración y enmienda" ante el TCP para que se pronuncie sobre ese fallo.

También señaló que la decisión judicial tiene un tinte político. “No queda duda que la determinación es una acción planificada por operadores políticos afines al MAS que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de estudiantes, maestros y padres de familia”, sostuvo a través de un comunicado.

Ese componente político es el que fue resaltado y criticado por José Luis Álvarez, dirigente del magisterio urbano paceño, quien advirtió que el país vive actualmente un “desgobierno”, debido a que el Órgano Ejecutivo, en manos de la presidenta y candidata presidencial por la alianza Juntos, Jeanine Añez, se encuentra enfrentado en una serie de acciones con los órganos Legislativo y Judicial.

Indicó que ambos bandos “jalan” a su lado para beneficiar o potenciar a sus postulantes presidenciales. En este caso, también criticó a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, debido a que “no abre la boca” cuando se “pisotea” los derechos de la ciudadanía, pero sí se pronuncia para “defender y potenciar” al MAS.

“En esta politiquería, los perjudicados son los estudiantes… la educación es otro campo de enfrentamiento entre el MAS y el Gobierno, quienes ponen como centro de conflicto al problema educativo”, declaró Álvarez a radio Panamericana. Por ese motivo pidió crear una política de Estado sobre la educación, para que esta área deje de ser “un botín de guerra” para los políticos de turno.

Según datos de Álvarez, más del 50% de los estudiantes en el área urbana no pasaban clases virtuales porque no tenían los medios o acceso a la red internet. Esa situación era más crítica en el área rural, agregó, porque el porcentaje de alumnos que no pasaban clases era superior al 90%.

Por ese motivo Álvarez se preguntó “¿esa sentencia realmente vela por el derecho a la educación de los estudiantes en las mismas condiciones?”, debido a que la resolución ordena el retorno a la actividad escolar no presencial, cuando la accesibilidad a las clases virtuales fue baja.

Además, Álvarez advirtió que el fallo de la Justicia “chocará con la realidad”, ya que, tras el dictamen de la clausura del año escolar, más de la mitad de los estudiantes se salieron de los grupos de WhatsApp que fueron creados para acceder a las clases virtuales. A ello añadió que, por la mala situación económica que se atraviesa, los jóvenes estudiantes se incorporaron en diferentes fuentes de trabajo.

Un criterio similar fue expuesto por Claudia Mallón, diputada de Unidad Demócrata (UD), quien indicó que el “desgobierno” que hay actualmente se manifiesta, por ejemplo, cuando el gobierno deja la negociación sobre el pago de pensiones a maestros y padres de familia, sin pronunciarse claramente sobre el tema por un cálculo político para no perder votos.

“La candidatura (de Añez) perjudica a la educación… Cuando se piensa en una candidatura, los resultados son estos, crean una confusión en la población, en los padres de familia y los maestros porque no se ponen las reglas claras”, dijo la asambleísta a radio Panamericana.

Grushenka Romero, representante de los padres de familia de colegios particulares de La Paz, expresó su esperanza de que con esta resolución de la Justicia su sector no sea “discriminado ni relegado” como estuvo hasta ahora, debido a que se ordenó que el Ministerio de Educación les tome en cuenta para la política educativa integral.

No obstante, advirtió que los padres de familia “están preocupados porque otra vez estamos en esta incertidumbre gracias a las malas gestiones administrativas e ineficiencia con el que trabaja el Ministerio de Educación”.

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