El Senado aprobó este martes la denominada “Ley de Arraigo”, cuyo objetivo es obligar a las autoridades de los tres niveles del Estado a que permanezcan en el país, por lo menos tres meses después de terminar su mandato, para rendir cuentas. 

El texto aprobado pasó a la Cámara de Diputados para su consideración.

La norma obligará a la permanencia por tres meses, tras concluir su gestión, para presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales, departamentales, concejales municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas y privadas, que administran recursos fiscales.

Se prevé que incumplir la norma derivará en responsabilidad penal.

Para el cumplimiento, la noma señala que la Contraloría debe remitir la lista de las autoridades señaladas a la Dirección de Migración.

La norma es impulsada por el MAS, cuyos legisladores sostienen que se impedirá la huida de país de parte de autoridades que hayan cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

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