La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, alertó que al menos dos de las naciones indígenas originarias de tierras bajas de la Amazonía: la Araona y la Yuqui, se encuentran en grave peligro de extinción debido a la pandemia del coronavirus.
En entrevista con ERBOL, Cruz señaló al Gobierno central como el principal responsable de la desatención y la vulnerabilidad de estos pueblos originarios, pero también recordó las responsabilidades de los otros niveles del Estado, sobre todo de las gobernaciones además de los municipios.
“Del último reporte que nosotros tenemos evidencia, al menos hay serios indicios para establecer y señalar que en el caso del pueblo Yuqui y del pueblo Araona hay un peligro de extinción física cultural”, aseguró Cruz.
En las últimas semanas, sendos pronunciamientos de las organizaciones y autoridades originarias de los pueblos indígenas Araona y Yuqui, además de instituciones advirtieron de la grave situación que los aborígenes amazónicos afrontan en sus territorios azotados, entre otros flagelos, por el contrabando de maderas y el narcotráfico en el caso Yuqui, problemas que se ve agravados por la llegada de los contagios de coronavirus.
Cruz especificó que la Defensoría del Pueblo interpuso una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del pueblo Yuqui.
En cuanto al pueblo Araona, informó que la entidad defensorial aguarda la llegada del último informe para solicitar similares medidas que las emprendidas a favor del pueblo Yuqui ante el órgano interamericano de derechos humanos.
Recalcó que, además “del riesgo de extinción física y cultural” de los pueblos Yuqui y Araona, también existe riesgo para otros pueblos indígenas altamente vulnerables o en situación de no contacto voluntario.
Un manifiesto emitido recientemente por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) así lo confirma.
La autoridad defensorial lamentó que “hay una desatención casi absoluta por parte de las instancias estatales: Estado central, gobiernos departamentales y gobiernos municipales”, en relación a los pueblos indígenas.
En ese contexto, apuntó: “pese a que recientemente el Ministerio de Salud ha elaborado un protocolo para la prevención y atención de enfoque de pueblos indígenas, es evidente que este protocolo no cae en realidad”. Cuestionó asimismo que dichas medidas “no se han materializado en relación con los derechos de los pueblos indígenas”.
“Pero de acuerdo a la revisión que nosotros hemos realizado ni siquiera contiene un enfoque intercultural”, reprochó la Defensora, respecto al protocolo.
Cruz observó además que “las redes comunitarias y las redes de salud que tendrían que llegar hacia estos lugares lastimosamente no han llegado; es decir, si en las ciudades no está habiendo atención hacia la población, en el caso de las zonas más alejadas relacionadas a pueblos indígenas tampoco ha llegado”.
Criticó asimismo la falta de prevención e información sobre la COVID-19 en pueblos indígenas: “No ha sido en su momento llevada en los idiomas originarios de esta población, no existe un enfoque intercultural para poder llegar a estos pueblos con la información de prevención y atención”.
Para la abogada “hay una responsabilidad sí desde la cabeza del sector, pero también omisiones por parte de los departamentos y los municipios ante la ausencia del gobierno central”.
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