“No puedo ofrecer elementos objetivos y mal podría acusar sin prueba, pero la actuación del juez deja entrever que todo estaba asado y cocido para beneficiarla”. 

Así, con esa reflexión, el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, en el programa Primero la Verdad de Bolivia TV, condenó la decisión del juez Alan Zárate, que en la presente semana determinó la detención domiciliaria a favor de Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural.

Achacollo es investigada por el caso del desvío de recursos en el Fondo Indígena y acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. 

Fue detenida el 5 de agosto de 2016 y cumplió un año en la cárcel de Miraflores, de La Paz. En diciembre de 2017, se dispuso su arresto domiciliario, que debía cumplir en su domicilio en Montero (Santa Cruz). En diciembre pasado, la justicia determinó revocar la detención domiciliaria.

Además de reprobar el fallo del juez, Melgar lo calificó de ilegal e indicó que este lunes, desde el despacho que preside, presentarán una denuncia penal contra el juez por denegación de justicia e incumplimiento de deberes por no retomar los plazos procesales.  

En la presente semana se supo que fue autoridad en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que aparentemente benefició a exautoridades investigadas por actos de corrupción. 

“En el caso Nemesia Achacollo, el 9 de junio le pedimos, al juez Zárate la reanudación de los pasos procesales y se retome el control jurisdiccional bajo alternativa de responsabilidad penal. Nunca se manifestó sobre este memorial. Retomar los plazos procesales y el control jurisdiccional era importante porque si hubiera dado curso a la petición se abría la ‘puerta’ a la Fiscalía para solicite la ampliación de la detención preventiva de Achacollo”, remarcó.

Respecto a las investigaciones en el caso de desvío de recursos en el Fondo Indígena, Melgar señaló que hasta donde avanzó existe un daño económico al Estado por un valor de $us 170 millones, recursos que, según dijo, no se sabe dónde fueron a parar porque dicho programa estatal funcionó como la ‘billetera del MAS’, sobre todo en tiempo de campaña electoral. El caso, dijo que compromete a más de 30 personas.

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