El expresidente de YPFB, Herland Soliz, aseguró en su declaración ante el Ministerio Público que las dos gerentas que aprobaron una resolución para contrataciones de emergencia gozaban del respaldo de la presidenta Jeanine Añez y que por eso no las pudo remover de sus cargos.

Soliz declaró ante el fiscal Alexis Vilela que él intentó hacer cambios en las gerencias clave de YPFB tras haber sido posesionado el 11 de diciembre pasado, pero que el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, le dijo que ello era imposible debido a que gozaban del respaldo de la Presidenta Añez. Soliz, dice su declaración, deseaba remover de sus cargos a las gerentas de contrataciones, Alenka Ferrufino, y legal, Elizabeth García.

Al constituirse en La Paz para asumir la presidencia de YPFB, dijo Soliz, encontró “que la empresa contaba con gerentes que resultaban inamovibles por acuerdos políticos con el señor ministro Zamora, entre ellas las gerencias legal y de contrataciones involucradas en el caso presente”, según la declaración a la que tuvo acceso Brújula Digital.

Luego agregó en su declaración: “el señor ministro Zamora (…) me manifestó que era decisión de la Presidenta que tales gerencias estén bajo su responsabilidad. Las desinteligencias entre éste y otros aspectos merecieron una reunión en Palacio con la señora Presidente y efectivamente ella apoyó la postura del señor ministro y me pidió flexibilidad para comprender que se requería un acuerdo político de esa naturaleza para garantizar la gestión que estaba en curso”.

Dijo: "No solamente mi compromiso político sino también mi responsabilidad profesional me comprometieron a aceptar esas condiciones, haciendo de mi parte todos los esfuerzos para mantener una relación saludable con el señor ministro Zamora".

Soliz ha sido acusado de varios hechos irregulares, entre otros la firma de un contrato con la empresa de seguros Credinform, por 49 millones de bolivianos. Otra empresa de seguros, La Boliviana Ciacruz, denunció el hecho como irregular y por ello esa contratación fue posteriormente anulada. Existe una orden de aprehensión contra él, pero ha señalado que acudirá a futuras declaraciones.

"No hay daño económico al Estado por ese contrato, porque fue anulado", dijo Soliz en conversación con Brújula Digital.

El expresidente de la empresa, en su descargo ante la Fiscalía, explicó que las decisiones sobre el caso Credinform fueron tomadas por las gerentas Ferrufino y García, también acusadas en este caso, mientras él se encontraba en Santa Cruz, de donde no podía trasladarse con facilidad a La Paz debido a las restricciones impuestas por la cuarentena. Acusadas en el caso, Ferrufino está con detención domiciliaria y García fue enviada a la cárcel de mujeres de La Paz. El ministro Zamora no ha sido incluido en las investigaciones.

Haber aceptado el pedido de Añez de no cambiar a las gerentas “significaron cierta cesión en la coordinación de las decisiones técnicas que sugerían las gerencias designadas por el ministro y sólo a raíz de esta investigación he conocido que las titulares de las gerencias de contrataciones y legal coordinaban de forma personal y directa con el señor ministro, constituyéndose de manera frecuente en su despacho ubicado en el Palacio de Comunicaciones, piso 12”, expresó.

“Con toda seguridad los ingresos al edificio están registrados”, agregó.

En las reuniones realizadas en el Ministerio de Hidrocarburos, dijo Soliz, fue que se aprobó la resolución 078/2020 que autorizaba el procedimiento de contrataciones por emergencia en virtud al COVID-19. Una de las contrataciones directas fue la de Credinform, para que diera un servicio de seguros generales a YPFB. El precio fue considerado excesivo por algunos especialistas y por ello Soliz fue denunciado. Ese contrato fue anulado.

Al respecto, denunció Soliz, “para la emisión de la resolución 078/2020, la gerente jurídica Dra. Elizabeth García, me comunicó que en virtud a los decretos supremos de emergencia y cuarentena todas las entidades deberían ajustar su normativa interna excepcional y temporalmente a dichos decretos, que así había convenido con el Ministerio que ejercía tutela sobre nosotros la emisión de dicha resolución. De forma inmediata me comuniqué con el señor ministro, quien dijo conocer tales ajustes y que efectivamente los consideraban necesarios”.

Agregó en su declaración que “una vez elaborado el proyecto de resolución, la Dra. García me envió el mismo mediante correo electrónico, que adjunto como respaldo de esa afirmación, y por la misma vía (conversación online desde Santa Cruz, NdR) le pedí explicaciones sobre los fundamentos que sostenían la necesidad de tal decisión y su aplicación inmediata a los procesos de contratación en curso, respondiendo ella que a partir de la declaratoria de emergencia y la cuarentena total vigentes era imposible desarrollar procesos de contratación regulares”.

La resolución 078/2020 fue anulada en junio.

Según el expresidente de la empresa petrolera, las dos gerentas mencionadas coordinaron la contratación a sus espaldas y en coordinación con el ministro Zamora, favorecidos además por el hecho de que se encontraba en la imposibilidad de llegar a La Paz. El ministro no ha sido involucrado en el caso.

Soliz ha sido acusado también de contrataciones de servicios de alimentación con sobreprecio y el intento de comprar diésel a un precio tres veces mayor al del mercado internacional. Fue forzado a renunciar a su cargo en mayo pasado.

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