La noche del viernes 19 de junio falleció la décimo quinta víctima del coronavirus del penal de Palmasola tras permanecer un mes y cuatro días en terapia intensiva de la Caja Petrolera. Se trata de Mario Senzano Gonzales de 74 años que estuvo encarcelado dos años y sin inicio de juicio. Sus familiares lamentaron las trabas que pusieron algunas autoridades a las gestiones para su liberación ante la presencia del Covid-19 en el penal. La ansiada libertad llegó demasiado tarde.

La Asociación de Víctimas Judiciales que hace seguimiento a estos casos calificó de lamentable, deplorable y hasta tétrico este caso por la falta de sentido común y humanidad de las autoridades frente a privados de libertad en situación de riesgo y peligro de muerte.

“No podemos entender tanta indolencia por parte de quienes están encargados de la administración de ese centro (Palmasola), hemos sido y seguimos siendo testigos de las barbaridades que suceden por falta de voluntad, sentido humanitario y hasta de sentido común” de las autoridades, se lee en la cuenta de Facebook de la Asociación.

El inicio de la tragedia de Mario Senzano se remonta al 11 de mayo de este año, cuando el adulto mayor presenta síntomas de Covid-19 en el penal. Ese lunes por su debilitada salud se desvanece y es ayudado por otros internos. Presenta problemas al respirar. Su familia al enterarse, solicita permiso para llevarlo a un hospital local y darle mayores posibilidades de recuperación. El pedido es negado. Solicita ingresar un tubo de oxígeno para su asistencia. Vuelve a ser negado. Los familiares responsabilizan por estas negativas a la entonces directora de Régimen Penitenciario en Santa Cruz, Nadia Prince.

Mario Senzano pasó cuatro días aislado y sobre el piso –no había cama- del improvisado hospital Casa Blanca dentro de Palmasola, donde solo recibió suero un día. Tuvo que haber presión de la Asociación de Víctimas Judiciales y de los medios de comunicación para que el 15 de mayo Prince diera la autorización, ya tardía, para la salida de Mario Senzano a un hospital. Por su delicado estado de salud entró directo a la Unidad de Terapia Intensiva de la Caja Petrolera. “Sus pulmones estaban muy dañados por la falta de oxígeno durante los cuatro días de sufrimiento dentro de Palmasola”, denunciaron sus familiares.

La Asociación de Víctimas lamentó que desde aquella fecha hasta la actualidad, las autoridades no hayan cumplido sus promesas de mejorar las condiciones de salud en Palmasola, para frenar el inminente contagio del coronavirus. Tanto la Alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, como ministros y viceministros “prometieron la instalación de un centro de salud para atención las 24 horas en el penal, medicamentos, reactivos para pruebas de Covid-19, una nutricionista, etc., pero pasaron casi dos meses de lo prometido y nada de eso sucedió”.

La Asociación denunció que los 30 infectados con Covid-19 y aislados en la guardería de Palmasola no tienen tratamiento y solo son atendidos por médicos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) que “vienen a medirles la temperatura, darle un paracetamol y vitamina C”, mientras que los cientos de sospechoso de contagio “son atendidos por el médico Erick Ávila, privado de libertad que arriesga su vida y no cuentan con las mínimas condiciones para la asistencia”.

Los cuestionamientos contra Nadia Prince continúan, esta vez en su cargo de jefa de Asesoría Legal. Ella es “quien pone trabas a las salidas de los internos, incluso con órdenes judiciales de acciones de libertad”, denuncia la asociación.

Una audiencia virtual realizada el 25 de mayo concedió detención domiciliaria a Mario Senzano. Él nunca lo supo. Desde el 15 de mayo se mantuvo sedado y unido a la vida solo por medio de un respirador artificial. Nunca pudo regresar a su casa. Su familia pide sanción a los responsables de la muerte, pedido que caerá una vez más en la larga lista de la impunidad. 

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