La empresa brasileña de armas no letales Cóndor ofreció al Gobierno de Ecuador un precio de 12 dólares por la venta de cada cartucho de gas lacrimógeno de 37mm/38mm en diciembre de 2019. El Gobierno de Bolivia pagó 37 dólares por los mismos productos ese mismo mes.

Según el proceso de licitación de compra de esos agentes químicos del Gobierno ecuatoriano, y que está disponible en internet, Cóndor y otras tres empresas internacionales ofrecieron precios similares por los gases, que varían entre 12 y 14 dólares por el mencionado calibre de 37 mm/38mm, de corto y largo alcance. El periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, informó sobre el hecho el jueves por la noche.

En una primera denuncia, el programa “Detrás de la Verdad”, que dirige Arias, había informado sobre los precios en los que el Gobierno venezolano adquirió los productos Cóndor en 2017, a un promedio de 15 euros (16,5 dólares) por cada cartucho. Ahora exhibió precios incluso más bajos en el proceso de compra del Gobierno ecuatoriano.

El ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, rechazó el jueves que hubiera habido sobreprecio en la compra y puso como argumento que el Gobierno compró cartuchos de 430 gramos de pólvora y que los que Venezuela adquirió son 225 gramos de pólvora.

Sin embargo, en el contrato de compra-venta firmado por López con la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions no se menciona ese aspecto y solo se da, como característica de los gases, que sean de 37mm/38mm, de largo y corto alcance, iguales a los vendidos a Ecuador y Venezuela (ver adjunto).

“Yo me ratifico en la denuncia que hice. Primero hice la comparación con los precios de Venezuela, y ahora con los de Ecuador. En ambos casos, lo que ha pagado el Gobierno boliviano es mucho más alto”, dijo Arias a Brújula Digital.

El periodista agregó que “no se puede hacer una comparación con el peso de la pólvora, porque ello no está en ninguna parte del contrato. Solo se refiere al calibre 37/38”.

En el proceso de licitación ecuatoriano, cuatro de las cinco empresas proponentes ofrecieron precios por debajo de 15 dólares por la venta de esos cartuchos, es decir por lo menos un 55% más bajo que el monto pagado en promedio por el Ministerio de Defensa (37 dólares).

Todo el contrato con la empresa intermediaria Bravo, que incluye balines y otros productos, asciende a 39 millones de bolivianos. En los 100.000 gases lacrimógenos adquiridos se gastaron 26 millones de bolivianos (3,7 millones de dólares). Si se hubieran comprado esos productos a precios similares que la empresa Cóndor ofreció a los Gobiernos de Ecuador y Venezuela, se hubieran erogado solamente entre 1,2 y 1,6 millones de dólares, es decir entre 2,1 y 2,5 millones de dólares menos.

Gigavisión denunció que el Ministerio de Gobierno, el 25 de noviembre, se comunicó con la empresa Cóndor para hacer la compra directa, pero el 26 emitió otra nota, diciendo que lo haría a través de la intermediaria, es decir la empresa Bravo. Esta tiene como uno de sus representantes a Luis Berkman, quien tiene amistad con Sergio Méndez, jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, según se demuestra en fotos publicadas en la web.

El contrato, sin embargo, pese a que los trámites los inició la cartera de Gobierno, fue firmado por la de Defensa. El ministro López dijo el jueves que la nota del 26 de noviembre es fraguada y que la persona que le pasó los documentos al periodista Arias puede haberle hecho “pisar el palito”.

“En su denuncia, Gigavisión señala una nota con un CITE 1463219 que a la vista (puede) ser fraguado, en estos momentos está en peritaje, usted y yo no estamos en capacidad de certificar la falsedad de este documento hasta que no vaya a un peritaje”, dijo López entrevistado por John Arandia, que dirige el programa AM, de radio y TV Fides.

Arias rechazó aquello y dijo que puede ser una coartada para reducir el impacto de su denuncia. “Lo que yo voy a exigir es que el peritaje sobre si el documento es fraguado o no se lo haga en instancias independientes, incluso internacionales. ¿Cómo la Policía va a hacer el peritaje respecto a la entidad de la que es subordinada, como el Ministerio de Gobierno?”, se preguntó.

Sin embargo, dijo que ello no reduce la credibilidad de su denuncia, cuya base es que dos países de la región recibieron ofertas por los mismos productos, y la misma empresa, a un precio de 2,5 millones de dólares más bajo. No se explicó con claridad por qué fue el Ministerio de Defensa el que hizo el contrato y no el de Gobierno, siendo que el material iba a ser para esa dependencia.

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