En el marco de la lucha contra el contagio y la propagación del coronavirus, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), en coordinación con Régimen Penitenciario, gestionó la amnistía e indulto para 26 personas a nivel nacional, en el marco del D.S. 4226 de Amnistía e Indulto por la pandemia de COVID-19.
“El Sepdep, a través de orientación, asesoramiento y patrocinio legal gratuito, presentó 152 carpetas a Régimen Penitenciario -69 trámites de indulto y 83 de amnistía- a través de los cuales 26 Personas Privadas de Libertad (PPL) ya han recobrado su libertad. 348 carpetas se encuentran con inicio de trámite y se espera que en las próximas horas más personas sean liberadas”, puntualizó Wilma Blazz, directora nacional del Sepdep en una nota de prensa.
Asimismo, la autoridad se refirió a las PPL que están siendo beneficiadas. “Las y los solicitantes de indulto o amnistía deben ser mayores a 58 años, mujeres en etapa de gestación, o que estén bajo la tutela de infantes lactantes o de niñas y niños de corta edad”, apuntó.
Recalco que no gozarán del beneficio quienes guarden una sentencia condenatoria por delitos graves como feminicidio, infanticidio o asesinato, o quienes sean reincidentes en acciones delictivas.
Una de las primeras beneficiarias con el indulto en Oruro, señaló Blazz, fue una joven madre que cumplía una sentencia condenatoria de 10 años de privación de libertad por el delito de tráfico de sustancias controladas “que, si bien en este caso no se cumplía con la edad promedio para ser indultada, las autoridades consideraron la importancia de que ella y su hijo lactante sean reintegrados a su entorno familiar, más aún por encontrarse dentro de un grupo vulnerable ante la crisis sanitaria”.
El Sepdep es una institución descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) que presta servicios de defensa penal técnica gratuita, consagrando el derecho fundamental a la defensa como una expresión de justicia, basada en los principios, garantías, valores, fundada en la pluralidad y pluralismo jurídico, conforme lo establecen la Constitución Política del Estado (CPE) y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos.
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