La presidenta del Senado, Eva Copa, salió al cruce de las acusaciones de Guido Melgar, viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, quien aseguró que ella visitó a tres de los presuntos implicados en la compra con sobreprecio de 170 respiradores mecánicos, algo que Copa niega y anunció que presentará una demanda por difamación contra Melgar.
La senadora masista aseguró que en los últimos dos días ni siquiera ha estado en La Paz, que no se ha movido de su casa de El Alto, donde ha sostenido reuniones para definir la agenda parlamentaria de la semana y por lo tanto no acudió a celdas judiciales para ver a Fernando Velenzuela, Fernando Humeres y Giovanni Pacheco como aseguró el viceministro.
“No he ido a visitar a nadie ni ayer ni hoy. Mañana voy a presentar un memorial por difamación contra el viceministro”, dijo Copa, en conversación telefónica.
Pacheco y Valenzuela eran funcionarios del Ministerio de Salud, que acabaron presos por haber participado del proceso de compra de los ventiladores, mientras que Humérez es un exdirigente deportivo que aseguró que hubo tres intermediarios en la compra que se llevaron más de un millón de dólares y que pasó de 'testigo clave' a detenido en cuestión de horas. Además de ellos, está con detención preventiva el exministro de Salud, Marcelo Navajas y dos funcionarias del Banco Interamericano de Desarrollo, todos ellos sospechosos de haber participado en una compra con sobreprecio, que pudo causar un daño económico al Estado de $us 3 millones.
Copa aseguró que, como autoridad, no puede visitar a implicados en supuestos hechos de corrupción, que esto es un asunto delicado y no puede perjudicar a la justicia con su presencia y que esta tiene que actuar de acuerdo a las leyes y a la Constitución.
Anunció además que mañana, a las 9:30, se instalará la sesión de la Asamblea Legislativa para conformar dos comisiones mixtas de investigación, con asambleístas oficialistas y opositores, para la creación de una comisión especial que investigue la compra de los 170 respiradores y los supuestos hechos de corrupción en Entel, BoA y YPFB durante los seis meses del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
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