La Cámara de Diputados tiene un proyecto del “Ley de Transparencia en Contrataciones Públicas en Emergencia Sanitaria COVID-19” que consta de dos artículos para agravar en un tercio las penas por corrupción en compras y contrataciones estatales con motivo de la pandemia.

El proyecto fue presentado  el 23 de abril por la diputada Jhovana Jordán, mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja Sergio Choque, solicitando su consideración para asegurar un nivel de transparencia durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

En el primer artículo sobre la “agravante por período de excepción”, plantea que los delitos de corrupción pública sancionados por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, comprendidos en los artículos 24 y 25, serán agravados en un tercio de la pena, cuando se refieran a compras, contrataciones públicas y todo hecho o acto administrativo relativo al período de pandemia sanitaria del COVID-19 y amparados por procedimientos de excepción de la ley Safco.

El artículo 24 se refiere a los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos; enriquecimiento ilícito; enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; favorecimiento al enriquecimiento ilícito; cohecho activo transnacional; cohecho pasivo transnacional; obstrucción de la justicia; y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.

Mientras que el artículo 25 legisla las sanciones en casos de peculado, malversación, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, receptación proveniente de delitos de corrupción, entre otros.

El segundo artículo sobre transparencia, propone que durante el período de excepción sanitaria decretado por el Órgano Ejecutivo, todos los actos administrativos de funcionarios de gobierno, gobernaciones y alcaldías de todo el país, serán publicados en medios de comunicación social incluyendo toda la información referida al procedimiento de compra, contratación, precios y procedimientos de importación de equipos insumos médicos, medicamentos y otros.

Señala también la obligatoriedad de ordenar auditorías integrales en tiempo real, para los procesos de contratación pública, actos y procedimientos administrativos que serán publicadas y remitidas a la Asamblea Legislativa para su correspondiente fiscalización. Asimismo sugiere activar mecanismos de control suficientes para evitar la colusión de actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de precios.

La diputada Jordán sugiere en su proyecto de ley se ordene al Ejecutivo concentrar en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales y que a la conclusión del período de excepción, elabore un informe circunstanciado de todos estos procedimientos que será remito a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Contraloría General del Estado.

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