El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) demandó al Tribunal Constitucional Plurinacional dejar sin efecto la ley 421 que resta atribuciones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que dispone que la votación emitida por cada ciudadano no tenga el mismo valor para todos, de acuerdo a la región donde se sufrague.
“La ley en cuestión 421, emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, al asignar arbitrariamente los escaños y otorgar mayor alcance porcentual al voto rural, no sólo que se está arrogando atribuciones de otro órgano de poder como es el Órgano Electoral, sino que está atentando derechos de la mayoría de los ciudadanos porque le resta valor a su votación”, señaló el Conade en una nota de prensa.
Tras el desplazamiento de las dictaduras militares en el país y la instauración de regímenes constitucionales en Bolivia, a partir del 10 de octubre de 1982, señaló el Conade, se evidencia que la sociedad política hizo muy poco para consolidar el sistema democrático; por el contrario, agregó, los partidos que a su turno llegaron a instancias de poder, “lo prostituyeron, pisoteando la Constitución Política del Estado”.
Los últimos ejemplos emblemáticos de estos atropellos, remarcó, se suscitaron con el anterior gobierno del MAS, al desconocer los resultados de un referéndum constitucional, promover una sentencia que viabiliza la postulación de Evo Morales y Álvaro García, pese a la limitación constitucional y el subsecuente fraude electoral.
“Causó indignación en la ciudadanía que se utilice precisamente a la institución llamada a preservar el respeto y vigencia de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como instrumento que se encargue de desconocer la norma superlativa, hecho irregular que lo deja en deuda con la democracia porque fue ésta la que se afectó con semejante delito de lesa pueblo”, se lee en la nota de prensa.
El Conade indicó que ahora está en manos del TCP varias acciones constitucionales, entre ellas dejar sin efecto la Ley N° 421 de octubre de 2013, emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional que define la distribución de escaños para la Cámara de Diputados, “permitiendo la injusta desproporcionalidad que favorece a la votación en las zonas rurales que con un 30 % de su población acapararán el 70 % del poder político”.
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