El director para las Américas de Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), José Miguel Vivanco, se sumó a las críticas contra el Decreto Supremo 4231, que firmó Jeanine Añez, y con el cual se prevé procesos penales a quien difunda información que ponga en riesgo y genere incertidumbre en el ámbito de la salud pública.
“El nuevo decreto de Jeanine Añez prevé cárcel para quien escriba o difunda un comentario o un trabajo artístico que ‘genere incertidumbre’ sobre temas de salud. Eso es usar la COVID-19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos.”, señaló el activista mediante de su cuenta de Twitter.
En Bolivia, el Decreto también tuvo rechazo de entidades como la Asociación Nacional de la Prensa, la Defensoría del Pueblo, además de políticos como Carlos Mesa. Las críticas advierten que la norma es inconstitucional y amenaza el derecho a la información y la libertad de expresión.
Dicha norma señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo (sobre la cuarentena) o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
El Gobierno, mediante el ministro Yerko Núñez, justificó la disposición, bajo el argumento de que personas militantes partidarias estaban generando enfrentamiento y división desde las redes sociales. Dijo a los periodistas que se queden tranquilos, porque ellos se someten a la Ley de Imprenta.
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