La sociedad civil boliviana, que integra a pueblos indígenas e instituciones defensores de Derechos Humanos de Bolivia, denunció ayer, ante la ONU, al Gobierno de Evo Morales, por llevar adelante un modelo del agronegocio y ganadería que provocó este año la deforestación e incendios forestales sobre más de 5 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, promover actividades extractivistas en Áreas Protegidas (AP) e incumplir con la consulta previa, libre a informada a indígenas en ocho casos emblemáticos.
La líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, Ruth Alipaz Cuqui, fue la encargada de dar lectura al informe elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, coalición de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinas y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) en audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
"Como mujer indígena, tengo la responsabilidad de hacerles conocer que las políticas económicas para promover el agronegocio y ganadería, están ocasionando la deforestación e incendio de más de 5 millones de hectáreas de bosques de la Amazonía boliviana", empezó su alocución Alípaz, en la audiencia especial para la sociedad civil de los Estados miembros, que se constituye en la pre-evaluación de Bolivia a un mes de su Examen Periódico Universidad (EPU) ante la ONU.
"Recientemente, se ha ratificado mediante ley 1182 del 3 junio de 2019 el Acuerdo de Escazú; sin embargo en la actualidad, 28 millones de hectáreas, que representan el 25 % del territorio de mi país, han sido reservadas para exploración y explotación hidrocarburífera. Esto compromete al 38 % de los territorios indígenas titulados, poniendo en riesgo de exterminio a nuestros pueblos", aseguró.
