El vicepresidente Álvaro García Linera informó ayer que Bolivia empleó más de 11 millones de dólares hasta el momento para la sofocación del incendio en la Chiquitanía, al este del Departamento de Santa Cruz.
"Todo el Estado ha dedicado sus esfuerzos y sus recursos para salvar a la Chiquitania. Son ya más 11 millones de dólares que como país hemos gastado", informó a los periodistas.
Recordó que la lucha contra el fuego es encarada por el presidente Evo Morales en persona, seis ministros de Estado, más de 4.500 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, cerca de 500 policías, incluidos bomberos, y centenares de voluntarios.
Agregó que las tareas de sofocación cuentan, además, con el servicio para Bolivia del Supertanker, que es el avión bombero más grande del mundo para enfrentar incendios.
"Hay helicópteros de la Fuerza Aérea que van rotando de seis en seis para atender los incendios (...) y uno alquilado por Francia", resaltó.
Anunció, además, que hasta el viernes se contará con un helicóptero de doble hélice que carga cerca de 16.000 litros de agua y dos más medianos, alquilados por el país, así como un avión ruso que transporta 45.000 litros de líquido.
"Agradecemos la ayuda internacional, pero está claro que lo fundamental del trabajo es el esfuerzo que hacemos los bolivianos para enfrentar estos incendios", concluyó.
GRAN OPORTUNIDAD
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su coordinador Residente, Mauricio Ramírez, señaló que Bolivia tiene la gran oportunidad de demostrar -dado el incidente en la Chiquitanía- que ha sensibilizado al mundo entero sobre la situación de los bosques, que este será un tema a discutirse y debatirse en la Asamblea General en la Cumbre de Acción Climática y en la Conferencia de las Partes COP-25 en Chile el mes de diciembre.
Entre julio y agosto más de 1.7 millones de hectáreas de bosques, pastizales y sabanas fueron arrasados por los incendios forestales en la Chiquitania. Desde diferentes instituciones ecologistas y académicas se señaló como un detonante del desastre ambiental al decreto supremo 3973 promulgado el 9 de julio por presidente Evo Morales, por el cual se autorizó quemas y desmontes en propiedades privadas y comunitarias.
