El procurador Pablo Menacho descartó ayer que el Estado cumpla con resarcir económicamente a Rebeca Delgado y a Eduardo Maldonado, vulnerados en sus derechos políticos, por no ser de carácter vinculante el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que los favorece.
"Hemos cumplido ese dictamen (en la parte legislativa, pero no económico), que no tiene carácter de sentencia, como si la tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio, recomiendan al Estado llevar adelante acciones específicas", manifestó.
En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Rebeca Delgado) y senadores (Eduardo Maldonado) con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.
En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.
