La investigación al proceso irregular de nuevos postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) llegó a los ministerios de Gobierno, Educación y Salud, y a los 251 aspirantes que, según la denuncia, pagaron para fraguar las pruebas para ingresar a esa institución.

Producto de la investigación, se descubrió toda una red criminal que operaba para manipular el ingreso de aspirantes.

“Existen 251 files (carpetas, en inglés) de los postulantes que han sido identificados como que habrían aprobado de manera irregular, precisamente van a ser convocados, no olvidemos que el cohecho pasivo (soborno) también está penado por ley, es aquel que recibe y da plata está penado por ley”, informó ayer el fiscal que investiga el caso, Samuel Lima.

Afirmó que siete de cada 10 postulantes habrían coimeado. "Han sido identificados como que habrían aprobado de manera irregular, van a ser convocados (porque) el cohecho pasivo también está penado por ley, es aquel quien recibe y aquel quien da plata está penado", manifestó el fiscal.

COMISIÓN

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que para evitar las irregularidades en el proceso de selección de postulantes habían "ideado" que las personas que formen parte de la Comisión de Máxima Instancia (CMI) se encarguen de "controlar y transparentar" esas acciones.  

La CMI es la encargada de realizar de forma anual la supervisión y verificación del proceso de selección y admisión de los nuevos postulantes a los centros de formación policial, como en el caso de la Anapol. Está compuesta por un representante del ministerio de Gobierno, de Educación, de Salud, del Comando de la Policía y la Universidad Policial (Unipol).

"Forman parte de la CMI un representante del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Gobierno y un representante de la Policía. Justamente se ha ampliado (la investigación) contra la CMI y hemos pedido que la investigación avance", mencionó el funcionario de Gobierno.

Pidió a la Fiscalía que las investigaciones no se queden en mandos bajos, medios o intermedios, sino que se identifique a los autores y cómplices de estos hechos "y se extirpe de raíz toda esa maraña de corrupción" en la Anapol.

En ese entendido, el fiscal Lima mencionó, que por ejemplo, está una funcionaria del Viceministerio de Gobierno, quien era una de las responsables de que los exámenes lleguen a su destino.

La Fiscalía investiga no solo los cobros irregulares que se hicieron a los postulantes, sino también el proceso irregular de la contratación de las empresas Anstrangung y Sipcoes. Las mismas que se adjudicaron la elaboración de exámenes de ingreso a la Anapol y a la Escuela Básica Policial (Esbapol).

Es por esta situación que fueron vinculados también importantes autoridades policiales encargados de controlar los procesos de contratación y los trabajos que hacían estas dos entidades.

ALTO MANDO

Inclusive no se descarta convocar al anterior Alto Mando Policial. De hecho, el fiscal Lima habló de una posible convocatoria al excomandante general de la Policía, general Faustino Mendoza, y a algunos que formaban parte de su Alto Mando.

“De seguro que sí (el general Mendoza será convocado)”, afirmó Lima ante la consulta de los medios sobre su comparecencia en el Ministerio Público.

“No olvidemos que parte de esta convocatoria data de la gestión 2018, octubre concretamente, hay que ir más atrás inclusive, desde la génesis de donde nació la empresa que según el NIT datan desde mayo de 2017”, añadió.