La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los casos Odebrecht y Lava Jato y envió "antecedentes" de cuatro exfuncionarios a la Fiscalía para que investigue el supuesto pago de sobornos.

El informe de la Comisión pide a la Fiscalía investigar los movimientos bancarios de Carlos Mesa, aunque lo excluye de la lista de denunciados en la trama de supuestos sobornos.

La Comisión, presidida por Susana Rivero, encontró indicios de sobornos en los procesos de contratación para la construcción de las rutas Roboré-El Carmen, a cargo de Camargo Correa, y El Carmen - Arroyo Concepción que fue adjudicada a Odebrecht.

El punto dos de la resolución aprobada dispone “denunciar ante el Ministerio Público (...) la existencia de indicios encontrados en la investigacion”.

Los “denunciados” son: 1. Carlos Eduardo Morales, quien fue Ministro de Obras Públicas de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien según la Comisión tiene indicios de que habría recibido sobornos de Camargo Correa.

2. Jorge Peredo Flores, exgerente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), quien también fue vinculado con sobornos de Camargo Correa.

3. Luis Humberto Landivar, exgerente de Construcción de la SNC, a quien le pagado Odebrecht, según la indagacion.

4. Mario Moreno Viruez, quien fue Ministro de Obras de Eduardo Rodríguez Veltzé y que tendría relación empresarial con intermediarias de Camargo Correa.

Luego, en el punto 3, la resolución menciona a ocho personas no como denunciadas, sino con movimientos bancarios sospechosos que deben ser investigados por la Fiscalía.

Dicho punto dispone “remitir los antecedentes ante la Fiscalía para que se investigue los movimientos bancarios inusuales o sospechosos, detectados por la instancia llamada por ley, y se inicien las acciones legales que correspondan”.

Los otros cuatro son Mesa y tres de sus colaboradores: Carlos Alarcón, quien fue viceministro de Justicia y ejerció como ministro de Obras interino para firmar el decreto de autorización de contratación de los proyectos; Carlos Romero Mallea, que fue viceministro de Energías; y el exministro de Hacienda Luis Carlos Jemio.

En el informe figura una novena persona, el exministro de la Presidencia José Antonio Galindo, quien falleció en 2007 y no fue tomado en cuenta para la resolución final.

Las sospechas de los movimientos bancarios inusuales se fundamenta en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que detectó ese tipo de depósitos en las cuentas de los implicados.