INOCENTE
En un audio difundido el 17 de septiembre se escucha confesar a la exjueza Pacajes que Fernández, principal acusado, es inocente.
El Ministerio Público determinó levantar la apelación que presentó la fiscal Susana Boyán para aumentar la sentencia contra el médico Jhiery Fernández a 30 años de cárcel, dentro el caso bebé Alexander.
El anuncio lo hizo ayer jueves el fiscal general, Juan Lanchipa, la tarde de ayer jueves durante una conferencia de prensa en la que explicó que la determinación fue asumida porque el recurso presentado carecía de fundamentación.
“Se ha presentado el memorial de retiro del recurso de apelación restringida contra la sentencia dictada en el caso del bebé Alexander. Esta decisión ha sido asumida luego de un análisis riguroso de parte de los miembros de la comisión de fiscales, quienes han advertido que el recurso presentado en fecha 3 de julio de este año contra la sentencia dictada en el caso del bebé Alexander carecía de fundamento”, anunció.
ANTEDENTE
El recurso fue presentado por la fiscal Susana Boyán y el exfiscal departamental Edwin Blanco, con el argumento de que si Fernández fue sentenciado por una violación que concluyó en muerte debería ser sentenciado con la pena máxima de 30 años.
“Todo recurso debe tener en su texto argumentación jurídica que dé sostén a los agravios que habría ocasionado el fallo y que estos sean lesivos a los intereses de la Fiscalía. Y se ha advertido que (el recurso) no cumple estos requisitos formales”, dijo.
Mencionó que el retiro de la apelación obedece, además, a un informe que presentó la Defensoría del Pueblo, en el que recomienda que el trabajo del Ministerio Público debe estar sujeto, como señala el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, a los principios de legalidad, transparencia y objetividad, “principios que no se encuentran precisamente incorporados en el texto del memorial de apelación”.
El anuncio del Ministerio Público se produjo horas después de que, en la ciudad de Sucre, el Consejo de la Magistratura hizo conocer los resultados de la auditoría legal que llevó a cabo en este caso, en la que detectó que jueces, fiscales y personal de apoyo institucional cometieron fallas leves y graves y hasta presuntos delitos penales en este proceso.
