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La Policía impedirá protestas que alteren el orden público por el 21F

17 Julio 2018Agencias • La Paz
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Los activistas del 21F piden el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Los activistas del 21F piden el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

La Policía no permitirá alteraciones del orden público de parte de grupos que promueven el 21F, durante actos cívicos como el que se viene para el 6 de agosto. Así lo afirmó el subcomandante de la entidad verde olivo, general Agustín Moreno.

“La obligación de la Policía es conservar el orden público y, si esos grupos de alguna manera alteran el orden público, lógicamente que la Policía debe tomar las medidas correctivas necesarias”, dijo Moreno.

“Una cosa es participar con fervor cívico de un acto de homenaje a un aniversario más del grito libertario, y otra cosa es pretender ganar protagonismo o querer alterar el orden público, que no lo vamos a permitir desde luego”, agregó.

La advertencia surge luego que en reiteradas oportunidades activistas del 21F y “Bolivia dijo No” hicieron protestas en actos públicos, donde estuvieron funcionarios de Gobierno.

ACTOS DEL 6 DE AGOSTO

Los actos centrales por el aniversario de la fundación de Bolivia, el 6 de agosto, se desarrollarán en la ciudad de Potosí.

Al respecto, el general Moreno afirmó que la Policía está tomando las precauciones y medidas para evitar que se empañen los actos cívico. El anuncio hecho por el jefe policial ya ha generado reacciones en la oposición. Sostienen que toda persona en Bolivia tiene derecho a manifestarse de manera pacífica, como establece la CPE, y que la Policía no puede arremeter contra una acción ciudadana de esas características.

"El artículo 251 de la Constitución Política del Estado establece que la Policía no delibera ni participa en acción política; si él (subcomandante Augusto Moreno) decide de manera personal apoyar al MAS puede hacerlo, pero no puede utilizar a la institución policial para reprimir a civiles", dijo la activista de Me Comprometo Bolivia, María Belén Mendívil.

RESTRICCIÓN ILEGAL

El abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, explicó que la prohibición de una protesta representa un acto de "restricción ilegal del derecho". Recordó que el artículo 21 establece el derecho a la libre expresión y pensamiento; a la vez de comunicarlos por cualquier medio de comunicación.

Rivera recordó que la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), a la que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 0084/2017, reconoció incluso por encima de la Constitución para validar una nueva postulación de Morales; también reconoce el derecho a la libre expresión que se estad entro del artículo 13.

"Al prohibir el manifestar un eslogan, estarían imponiendo una censura previa. Hay que ser coherentes, si van a ampararse a la Convención Americana, tiene que hacerlo en todo sentido", manifestó.

Denuncia

Los activistas de las plataformas calificaron la advertencia de la Policía como una muestra de autoritarismo del Gobierno; mientras que para un constitucionalista representa una vulneración al artículo 21 de la CPE y a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), a la que recurrió el MAS con anterioridad.

La activista del 21F, Xiomara Klinsky, manifestó: "las amenazas no impedirán que sigamos con la lucha y (no influirán en) las decisiones que asumimos en el encuentro nacional en Cochabamba", dijo.

"Creo que después de esta 'amenacita' (...) el desafío para la ciudadanía es poder usar la inteligencia y la creatividad para que las fuerzas del orden no puedan responder con violencia a nuestro pedido", afirmó el activista Federico Morón.

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El 25 de junio, activistas del colectivo Bolivia dijo No anticiparon su traslado a la ciudad de Potosí para protagonizar protestas para que se respeten los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Personas pagadas

La ministra de Comunicación, Gisela López, sostuvo que son 10 o 20 personas “pagadas” quienes “hostigan” a funcionarios en espacios públicos, atribuyendo esa estrategia a prácticas vistas en Argentina.

 

 

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  • 21F, activistas, Policía

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