La justicia otorgó a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, medidas sustitutivas en el proceso que le sigue la Fiscalía por la denuncia de enajenación de un terreno edil. Así, se defenderá en libertad, aunque con arraigo y con la obligación de presentarse cada 15 días ante la autoridad jurisdiccional.

Además, se le restringió hacer declaraciones a la prensa, pero solo sobre ese caso. Tampoco puede tener contacto con las partes ni con el objeto del litigio: un terreno de 1.400 metros cuadrados en la zona Río Seco Yunguyo, de esa urbe. Chapetón también debe presentar dos garantes solventes.

Esa determinación fue confirmada por el abogado de la alcaldesa, Héctor Tapia, quien anunció que presentó una apelación a la determinación que fue admitida.

“La alcaldesa va a seguir ejerciendo su cargo”, añadió el jurista, un hecho que confirmó la jueza Claudia Castro.

El proceso fue presentado por Rafael Quispe, diputado de la opositora UD, correligionario de Chapetón, por la transferencia de un terreno edil a una persona particular.

Con el argumento de que el caso se politizó y se buscaba un golpe oficialista en contra de la alcaldesa alteña, el legislador opositor retiró ayer su denuncia. Sin embargo el proceso siguió su curso debido a que la comisión de fiscales no recibió aún ese documento.

Pero, el proceso sigue vigente debido a que el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y ahora un concejal, son también parte querellante.

Castro precisó que la Fiscalía “tiene la obligación de concluir la etapa preparatoria, ya sea que pueda emitir un sobreseimiento, salida alternativa o cualquier otro”. Por eso el proceso de investigación debe continuar.