Efectivos de la Policía hallaron explosivos en una requisa a un vehículo oficial de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), tras la jornada de protestas de ayer jueves. El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, afirmó que el caso pasará a conocimiento del Ministerio Público.
El Gobierno hizo una evaluación de las protestas de la universidad alteña, por mayor asignación presupuestario. Reportó cinco policías heridos; uno de ellos por quemaduras, tras ser alcanzado por una bomba molotov y cuatro uniformados sufrieron contusiones.
Quiroga detalló que en el vehículo Toyota Land Crusher con placa de control 1154 NYK se halló a un dirigente estudiantil y otras personas en posesión de “explosivos, bengalas y cachorros de dinamita”.
“Este vehículo y todas las personas que estaban en su interior han sido remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el conductor y el vehículo van a pasar a conocimiento del Ministerio Público porque se encuentran en un delito flagrante, uso de bienes del estado en este tipo de actitudes”, aseguró.
El funcionario manifestó que el equipo jurídico del Ministerio analiza si será parte querellante en este caso.
En tanto que nueve manifestantes fueron arrestados durante las acciones policiales de ayer jueves, acusado de hechos de vandalismo.
Calificó de “irresponsables” a las autoridades y al comité de movilizaciones por coadyuvar en la logística de hechos vandálicos. Pidió volver a las mesas de diálogo.
El presidente del Senado, Alberto Gonzales, envió una carta al rector de la UPEA, Ricardo Nogales, para convocarlo a retomar el diálogo, pero sin fijar hora ni fecha porque está condicionado a la suspensión de las movilizaciones, un hecho que ha descartado los estudiantes al calor de las refriegas.
El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, dijo que “no se puede aceptar condiciones”. Indicó que la decisión de la Universidad es continuar con las medidas de presión aunque se realice un diálogo.
Recordó que el año pasado, la UPEA aceptó suspender las marchas y no pudo lograr un resultado óptimo en negociaciones con el Gobierno.
El Gobierno apuntala su propuesta de solución en la asignación extraordinaria de 70 millones de Bolivianos, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir un monto adicional, pero condicionado a auditorías que vayan a transparentar el manejo de los fondos, otro punto que la UPEA ha rehuido.
